Efe – El juez archiva la investigación contra Marhuenda y Casals por el caso Lezo. El juez acordó la imputación de los directivos de La Razón a raíz de conversaciones pinchadas con Rodríguez, en prisión incondicional por el caso Lezo, donde le aseguraron que las irregularidades no saldrían a la luz. Madrid (España), martes 25 de abril de 2017. Fotografía: El director de La Razón, Francisco Marhuenda, atiende a los periodistas tras declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Archivo Efe.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de este diario, Mauricio Casals, por coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
En un auto, el juez decide levantar su imputación a raíz de las declaraciones la semana pasada de ellos dos, Cifuentes, la jefa de Gabinete de ésta, Marisa González, y Edmundo Rodríguez, consejero de La Razón.
Según destaca el juez, la propia Cifuentes, que declaró como testigo el mismo día en que se destapó la operación Lezo, «no se sintió» presionada por Marhuenda o Casals para no denunciar las irregularidades en el Canal de Isabel II.
El juez acordó la imputación de los directivos de La Razón a raíz de conversaciones pinchadas con Rodríguez, en prisión incondicional por el caso Lezo, donde le aseguraron que las irregularidades no saldrían a la luz.
Según el juez, estas son en cambio las palabras de «dos amigos que tratan, mediante mentiras piadosas y paliativas», de tranquilizar a Rodríguez sobre su implicación, tal y como este último ratificó cuando dijo al magistrado que lo único que pretendían era «ayudarle emocionalmente».
De hecho, Cifuentes, que declaró por escrito, afirmó que «en ningún caso» Marhuenda y Casals habrían conseguido que ella dejara de denunciar a Sobrino, destaca el juez.
Maruenda y Casals, indica Velasco, le dieron una versión «más verosímil de lo que parecía más agravado en las intervenciones telefónicas tomadas aisladamente» y además aportaron una serie de documentos para probar que su periódico «no hizo una campaña especial o muy distinta contra el gobierno de la señora Cifuentes de la propia de una línea editorial».
«Son hechos -dice sobre las publicaciones- que no tienen consistencia como para encontrar en ellos una sistematicidad y permanencia en la presión que justifiquen las imputaciones por unos delitos del artículo 172 (coacciones) o 570 bis (integración en organización criminal) del Código Penal».
