Al banquillo el alcalde del (PDeCAT) por incitación contra Policía Nacional ante hoteles

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Agencias – Una juez de Reus (Tarragona) ha citado a declarar como investigado al alcalde separatista de la ciudad, Carles Pellicer (PDeCAT), por un delito de incitación al odio a raíz de una denuncia de la Policía Nacional tras los «escraches» a las puertas de un hotel que alojaba a agentes destinados a Cataluña por el golpe separatista del 1-O. Reus (España), viernes 10 de noviembre de 2017. Fotografía: El  alcalde separatista de la ciudad española de Reus (Tarragona), Carles Pellicer (PDeCAT). Archivo Efe.

Según han informado fuentes judiciales, la magistrada ha acordado admitir a trámite la denuncia de la Policía Nacional y citar al alcalde de Reus, entre otros investigados, acusados de un delito de incitación al odio.

La denuncia de la Policía Nacional se dirige contra el alcalde y su equipo de gobierno, el propietario de un gimnasio de Reus que presuntamente expulsó a un policía local y bomberos que acudieron a los «escraches» convocados a las puertas del hotel donde se hospedaban los agentes.

El 4 de octubre pasado, el equipo de gobierno hizo público un manifiesto en el que criticaba que «los que forman parte de las unidades empleadas en estas actuaciones convivan con nuestro vecindario», por lo que pidieron al Gobierno central que retirara a las fuerzas de seguridad de Cataluña.

También apelaban a los hoteles de la ciudad a que hicieran «lo que resulte adecuado y necesario para que de manera inmediata» abandonen el municipio.

Además del alcalde, entre los denunciados figuran la teniente de alcalde Montserrat Vidella (PDeCAT); el portavoz del grupo municipal de Ara Reus, Jordi Cervera; la de ERC, Noemí Llauradó, y la de la CUP, Marta Llorens, además de la concejala de la CUP Mariona Quadrada.

En su auto, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Reus pide a la comisaría de la Policía Nacional que identifique a los agentes que presenciaron la manifestación convocada el pasado 3 de octubre delante del hotel Gaudí de Reus, donde se encontraban hospedados, así como los que fueron expulsados de un gimnasio de la población.

También requiere la magistrada al cuerpo de Bomberos de Reus que le informe de los «servicios e incidencias» del pasado 3 de octubre, cuando tuvieron lugar los «escraches», y de «las salidas que efectuaron el día mencionado con los camiones», así como el cuadrante de trabajo de la plantilla.

La juez pide a los bomberos que le informen si, la mañana del 3 de octubre pasado, alguno de sus camiones «salió del parque de bomberos con alguna misión especial relacionada con las labores propias de su oficio» y si se desplazó a las puertas del hotel Gaudí de Reus «con el objeto de prestar algún servicio».

Asimismo, el auto acuerda ofrecer a los agentes denunciantes la posibilidad de ejercer acciones legales en la causa.

En una rueda de prensa tras hacerse pública su imputación, Pellicer ha afirmado que la acusación en contra suya y de otros representantes del gobierno municipal es un «delirio colectivo» y una causa general contra el soberanismo» en la ciudad de Reus.

«Es un despropósito», ha lamentado Pellicer, que considera que «el único responsable de romper la convivencia es quien ordenó el despliegue de la policía» en su ciudad para impedir el referéndum del 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

En la misma línea, la portavoz del grupo municipal de la CUP, Marta Llorens, ha señalado que las denuncias a ciudadanos anónimos surgen de «ficheros políticos ilegales» y la ha tildado de «caza de brujas».

Entre los hechos investigados figura también el manifiesto hecho público por las cuatro formaciones que forman el gobierno local en el que se pedía la retirada de la Policía Nacional de la ciudad y se sugería a los hoteleros que les negaran habitaciones.

Un contingente de antidisturbios del CNP se alojaba en el céntrico hotel Gaudí de Reus desde mediados del pasado mes de septiembre y hasta mediados de octubre.

Grupos de vecinos de Reus protestaron aquellos días frente al hotel y estas concentraciones se hicieron diarias después del referéndum ilegal del 1-O, en protesta por las cargas policiales.