Redacción – El PP Ayuntamiento de Barcelona: «Podría tratarse de un fichero ideológico, ya que va más allá de lo que pretende el propio registro». Alberto Fernández, presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, denunció este viernes, 7 de abril de 2017, el fichero policial de la alcaldesa Ada Colau a la Agencia Catalana de Protección de Datos. Barcelona (España), sábado 8 de abril de 2017. Fotografía: El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona asegura también en Twitter que «He denunciado ante Agencia Catalana d Protección d Datos el fichero policial d Colau q vulnera la privacidad d 3.000 agentes «, dijo este viernes 7 de abril de 2017, el presidente del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernandez. En la imagen, un gorro de Policía de Barcelona, Guardia Urbana de Barcelona. Lasvocesdelpueblo.
«Es necesario clarificar si se ha vulnerado el principio de proporcionalidad, al incluir datos en el fichero que pueden considerarse accesorios y ajenos a las investigaciones que justifican su creación». «Es necesario suspender y revisar los contenidos de este fichero que puede vulnerar la privacidad y derechos de 3.000 agentes de la Guardia Urbana».
Fernández asegura que «podría tratarse de un fichero ideológico, ya que va más allá de lo que pretende el propio registro».
En este sentido, ha añadido «queremos conocer si ha habido algún informe previo de la Agencia Catalana de Protección de Datos, si se había pronunciado sobre esta cuestión y si el mismo consta en el registro de ficheros de la Agencia».
Asimismo, el presidente Popular ha pedido clarificar si se ha vulnerado el principio de proporcionalidad, al incluir datos en el fichero que pueden considerarse accesorios y ajenos a las investigaciones que se podrían abrir a agentes por presuntas malas praxis, como por ejemplo conocer la vida sexual, la religión, las afiliaciones o publicaciones a las que están suscritos.
Fernández pide conocer si se ha producido la vulneración de derechos y la propia ley orgánica del año 1999 y de la Ley 32/2010, de 1 de octubre de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
Finalmente, Alberto Fernández ha reiterado, «es necesario suspender y revisar los contenidos de este fichero que puede vulnerar la privacidad y derechos de 3.000 agentes de la Guardia Urbana. No descartamos tras la respuesta de la Agencia Catalana de Datos en solicitar amparo por la vía judicial».
