Redacción – El presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández: «El PEUAT se ha aprobado con precipitación y sin blindaje jurídico que garantice su aplicación y la no indemnización ante posibles reclamaciones». «Las modificaciones introducidas en la tramitación del PEUAT son sustanciales, un hecho que obligaría a una nueva exposición pública para que se puedan presentar las observaciones y reclamaciones por todos aquellos que lo consideren pertinente». «Es necesario advertir de la responsabilidad personal y patrimonial a la pueden incurrir aquellos que voten a favor de este plan o los miembros del gobierno municipal que en su tramitación de las licencias, deriven en reclamaciones económicas millonarias». Barcelona (España), jueves 19 de enero de 2017. Fotografía: El dirigente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, en una imagen archivo.
Alberto Fernándeza considera que el PEUAT «se ha aprobado con precipitación, sin un blindaje jurídico que garantice su aplicación y la no indemnización ante posibles reclamaciones de emprendedores por los perjuicios causados.
«Los continuos cambios de criterio del propio consistorio demuestran su improvisación, ya que no es el plan que necesita Barcelona».
Fernández recuerda, «ahora sería necesario abrir un periodo de información pública, atendiendo que las modificaciones que se han introducido en este plan son sustanciales».
«Además de garantizar que la herramienta utilizada (Plan Especial), es suficiente para dar cobertura jurídica, cuando se descarto en su momento una medida más segura como es la modificación del Plan General Metropolitano, un hecho que crea una falta de blindaje jurídico».
En la misma línea, Albert Fernández ha explicado que «es necesario advertir de la responsabilidad personal y patrimonial a la pueden incurrir aquellos que voten a favor de este plan o los miembros del gobierno municipal que en su tramitación de las licencias vinculadas a la actividad turísticas, deriven en reclamaciones económicas millonarias o posibles sentencias judiciales adversas contra el Ayuntamiento».
Para el presidente Popular, «es un Plan que no garantiza ni el descanso de los vecinos, ni la convivencia en los barrios y además frenará la inversión y creación de empleo en la ciudad», dijo.
«El turismo es una oportunidad para la ciudad y no un problema tal y como lo han convertido Xavier Trias y Ada Colau como alcaldes», ha añadido.
«Pedimos un Plan de inspección que sea continuado en el tiempo, primero un Plan de choque para hacer frente a la situación de los más de 6.000 viviendas ilegales en Barcelona y también para controlar las molestias que pueden generan los apartamentos ilegales y legales, para poner freno a las molestias y garantizar el descanso de los vecinos», ha añadido.
En este sentido, Fernández ha señalado que «ahora dicen que se incrementará el número de inspectores de 40 a 110 (2018), un baile de cifras que merece explicaciones por parte del gobierno municipal, ya que con Trias se incrementó de 60 a 120 en septiembre 2014. Recordar que en los presupuestos que aprobará Colau, no hay ninguna partida sobre estos inspectores, tendrá que explicar ERC de ¿dónde los sacarán?
Asimismo, ha explicado, «siempre estaremos al lado de los vecinos y de los barrios, por eso pedimos un protocolo de respuesta de la Guardia Urbana, un Plan de Inspección eficaz, modificación de los Estatutos de las comunidades de vecinos para que no haya apartamentos turísticos en sus escaleras o analizar aquellas viviendas que alquilan habitaciones».
«El problema con el turismo ha surgido cuando han proliferado de forma indiscriminada viviendas ilegales sin ningún tipo de control por parte del Ayuntamiento, porque no tenían un plan de inspección eficaz».
«Este hecho puede provocar que todos los barceloneses paguemos las chapuzas, las improvisaciones y los discursos políticos de los que nos gobiernan», añadió.
Finalmente, Alberto Fernández apunta que proyectos como Hotel de Rec Comtal, Hotel Drassanes o albergue de la Vila Olímpica podrían generar una consecuencia económica para el Ayuntamiento de Barcelona de 100 millones de euros de indemnización según la propia Teniente de Alcalde, Janet Sanz.
«Es una frivolidad cuando vemos que muchos de los partidos que posibilitaron la aprobación de estos proyectos, ahora son los mismos que los cuestionan».
