Agencias – Los fiscales Anticorrupción han pedido este jueves al juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al exconsejero de Justicia del Gobierno de este mismo Generalidad de Cataluña del presidente Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, Germà Gordó, por el caso del 3 % de presunta corrupción en Convergencia (PDECAT) que le prohíba salir de España y le intervenga su móvil personal para volcar su contenido. Barcelona 8españa), viernes 15 de septiembre de 2017. Fotografía: BARCEÑOA (ESPAÑA), 14.09.2017. El exconsejero de Justicia este Gobierno de la Generalidad de Cataluña del presidente Carles Puigdemont, Germà Gordó a su llegada a la Audiencia de Barcelona donde hoy comparece como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Efe.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el ministerio público ha solicitado esas medidas cautelares, que el juez del TSJC Carlos Ramos resolverá mañana, tras tomar declaración como investigado al exconsejero y ahora diputado no adscrito del Parlamento de Cataluña, por su presunto papel de intermediación en el pago de comisiones de empresarios al PDECAT en el llamado caso del 3 %.
En su declaración, Gordó ha admitido haberse reunido con algunos de los empresarios investigados en el caso del 3 %, dado que considera que esa era su obligación por sus responsabilidades en la Generalidad de Cataluña, donde fue secretario de Gobierno d ela Generalidad de Cataluña, y en la contratación pública, como consejero de la empresa Infraestructures de la Generalidad de Cataluña (GISA).
Hombre de confianza del expresidente catalán Artur Mas, Gordó fue gerente de Convergencia (PDECAT) entre 2004 y 2011, secretario del Gobierno catalán entre el 2010 y el 2012; consejero de Justicia entre el 2016 y consejero de la empresa pública GISA.
En su declaración, Gordó ha desvinculado al presidente catalán Artur Mas de la gestión económica del partido y ha asegurado que de ésta se ocupaban él mismo y el tesorero de Convergencia Andreu Viloca, también investigado en el caso del 3%.
El exconsejero de Justicia ha entregado hoy al juez su teléfono móvil profesional, del que los investigadores llevarán a cabo un volcado, pero no así el personal, lo que ha motivado que la Fiscalía haya solicitado al magistrado que se lo interviniera por orden judicial.
Además de la prohibición de salida de territorio nacional, el juez deberá decidir mañana si interviene el teléfono móvil de Gordó para llevar a cabo un volcado, con lo que los fiscales tienen el propósito de acceder a su agenda personal y correos electrónicos, que estuvieron buscando en los registros que la Guardia Civil practicó el pasado mes de julio en el Parlament y la Generalidad de Cataluña.
Por su parte, el abogado del exconsejero, Cristóbal Martell, se ha opuesto a las medidas cautelares solicitadas por los fiscales Anticorrupción.
Gordó ha sido citado a declarar a las 12:00 horas en una comparecencia que se ha alargado más de cuatro horas y tras la cual no ha querido hacer ninguna declaración, aunque sí que ha hecho uso de sus redes sociales para expresar «satisfacción tras haber explicado los hechos» y, ha añadido, «siempre dentro de la Ley», tras lo que ha afirmado que pedirán el archivo del caso.
Durante la vista, el magistrado ha hecho preguntas a Gordó en relación a las agendas personales y oficiales que el exconsejero mantenía durante la época en que ejerció como secretario del Gobierno catalán, en el periodo entre 2010 y 2012.
Según han confirmado las fuentes jurídicas, parte de estas agendas ya se ha recuperado en ocasión de las diligencias ordenadas por el juez Carlos Ramos, quien el pasado julio mandó a la Guardia Civil a que acudiera a la Generalidad de Cataluña y el Parlamento de Cataluña en su busca.
También ha declarado sobre este asunto la secretaria de Gordó en esa misma época, que ha sido citada como testigo dos horas antes de la declaración del exconsejero y ha argumentado que ella no gestionaba las agendas del exconsejero.
Asimismo, Gordó ha negado cualquier conocimiento respecto a los dos nombres clave «Gerardo» y «Gregorio», que los empresarios Sergio Lerma y Josep Manel Bassols, investigados en el mismo caso por pagar presuntamente comisiones a Convergencia a cambio de adjudicaciones, admitieron que utilizaban para referirse a él en sus comunicaciones.
