Redacción – La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha presentado ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional un escrito pidiendo la prohibición de las concentraciones convocadas para el próximo día sábado 10 de Diciembre de 2016 en Vitoria y Pamplona en las que se formarán cadenas humanas para pedir el fin de la dispersión de los presos de la banda terrorista conocida en lengua regional, euskera, como: Euskadi Ta Askatasuna, en español «País Vasco y Libertad» (ETA). Barcelona (España), jueves 8 de diciembre de 2016. Fotografía: En la imagen, un grupo de proetarras simpatizantes de Etxerat durante una concentración. Archivo Efe.
Los actos reivindicativos han sido convocados por la Asociación de familiares de presos terrorista de ETA denominada ETXERAT.
En su página web se puede apreciar que dicha asociación tiene como fin apoyar a los reclusos de la banda terrorista ETA, a los que califica como «presos políticos que luchan por la liberación del País Vasco».
A entender de APAVT, dichos actos suponen una clara ofensa grave a la memoria de las víctimas del terrorismo, debiendo recordarse que el derecho de reunión en el que se ampara la manifestación, al igual que el resto de derechos fundamentales, no es un derecho absoluto o ilimitado.
El objeto de la manifestación es la reivindicación de los derechos de los presos pertenecientes a ETA, a los que, reiteramos, tilda de presos políticos, y eso supone admitir de forma implícita la inexistencia del respeto a dichos derechos, circunstancia absolutamente alejada de la realidad e impropia de un estado democrático y de derecho como el nuestro.
Cabe concluir que la configuración de las concentraciones convocadas para el próximo 10 de Diciembre en Vitoria y Pamplona tiene un fin ilícito pues reclama garantías y derechos que ya se respetan en todo el Estado, pues lo contrario constituiría una actuación delictiva.
Por ello, desde la asociación se solicita la prohibición de las concentraciones y se pide que se dirijan oficios a la Guardia Civil y Policía Nacional «a fin de que emitan informes sobre los convocantes formales por si realmente detrás de la convocatoria se encuentra alguna organización ilegalizada».
