Apertura de la ‘Agencia Tributaria’ separatista en septiembre, la Justicia suspendió esta iniciativa

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En la imagen, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (i), y el vicepresidente de la Generalidad de Cataluña y consejero de Economía, el separatista antiespañol Oriol Junqueras (d). Archivo Efe.

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El pasado 14 de septiembre de 2015, la Justicia suspendió cautelarmente la Ley de ‘Agencia Tributaria de Cataluña’ del Parlamento de Cataluña. Inicio de la República Catalana de facto. Además de Vic (Barcelona),  En las comarcas centrales habrá dos sedes de referencia, una en Manresa y la otra en la capital de Osona (Barcelona), pero el resto de comarcas también contarán con puntos de atención l público separatista catalán que no quiera pagar sus impuestos a la Agencia Tributaria Oficial del país o declarar sus bienes a Hacienda. El municipio español Vic (Barcelona) abrirá una oficina de la ‘Agencia Tributaria’ separatista catalana (ATC) el próximo mes de septiembre de 2017 con una decena de trabajadores. Barcelona (España), miércoles 22 de febrero de 2017. Fotografía: En la imagen, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (i), y el vicepresidente de la Generalidad de Cataluña y consejero de Economía, el separatista antiespañol Oriol Junqueras (d). Archivo Efe.

Los municipios que dispondrán de una de estas catorce nuevas oficinas de la ATC, aparte de Vic, son Barcelona, ​​Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Tortosa, Mataró, Manresa, la Bisbal Empordà, Santa Coloma de Farners, Figueres, Reus y la Seo de Urgel.

A grandes rasgos, esto implica la recaudación ejecutiva de los contribuyentes que tengan deudas pendientes con la Administración —como sanciones de tráfico o deudas con los ayuntamientos—, y la gestión directa y completa de los impuestos cedidos (transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y sucesiones y donaciones), que actualmente liquidan, aparte de la ATC, los registradores de la propiedad.

La separatista Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se implantará en Vic a partir del mes de septiembre, y junto con Manresa será una de las dos oficinas de referencia en la Cataluña Central. El secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, ha anunciado este martes tras una reunión con la alcaldesa, Anna Erra, que la nueva oficina se instalará en un local alquilado de unos 200 metros cuadrados entre la calle de la Era de Sellés y la Plaza del Milenio, y contará con una decena de trabajadores.
 
Según ha señalado el secretario, se trata de un enclave de fácil acceso tanto por los propios Osona, como por los ciudadanos del Ripollès y el Berguedà a quien también se dará cobertura. De forma paralela a las oficinas de Vic y Manresa, Salvadó ha explicado que se abrirán puntos de atención en Berga (2 personas), Igualada (4 personas) y Solsona (2 personas), desde donde también se podrán gestionar los tributos.

Vic acogerá una de las quince oficinas territoriales que la Agencia Tributaria de Cataluña tiene previsto poner en funcionamiento a partir del 1 de septiembre.

En una reunión con la alcaldesa de Vic, Anna Erra, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, ha explicado el nuevo modelo de implantación territorial del ATC basado en una red de oficinas propias preparadas para prestar los mismos servicios a todos los ciudadanos.

El ejecutivo separatista catalán quiere desarrollar todas las funciones tributarias que le permite el actual marco competencial y preparar los cimientos de la futura Hacienda del hipotético nuevo estado catalán.

El secretario de Hacienda del gobierno catalán ha explicado que la voluntad es asumir la «plenitud» de las competencias que tiene el gobierno catalán en materia tributaria y por esta razón se están habilitando espacios en todo el país que permitirán dar «un salto cualitativo» en la prestación del servicio tributario a los catalanes desde una perspectiva «integral».

A grandes rasgos, esto implica la recaudación ejecutiva de los contribuyentes que tengan deudas pendientes con la Administración —como sanciones de tráfico o deudas con los ayuntamientos—, y la gestión directa y completa de los impuestos cedidos (transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y sucesiones y donaciones), que actualmente liquidan, aparte de la ATC, los registradores de la propiedad. 

Salvadó ha explicado que el ámbito territorial de la Cataluña Central se complementará con una segunda oficina en Manresa de una dimensión similar a la de Vic.
 
La voluntad de Salvadó es instalar una serie de oficinas compartidas en el resto de comarcas que trabajen con las oficinas de referencia de Vic y Manresa «con la voluntad de ganar muchísima presencia y proximidad en la Cataluña Central».
 
En el ámbito los recursos humanos, Lluís Salvadó ha explicado que el ATC hasta hace unos meses tenía 321 trabajadores, en estos momentos tiene 430 y el 1 de septiembre debería tener más de 700.
 
Por ello, a partir del 15 de abril iniciará un proceso para que las personas que trabajan en el registro de la propiedad puedan incorporarse a la ATC.
 
Según ha explicado el secretario de Hacienda, entre los meses de abril, mayo y junio se decidirán las plazas para incorporar el nuevo personal.
Por otra parte, el establecimiento del programa informático Espriu deberá provocar un «salto cualitativo importantísimo» en la tramitación telemática de impuestos de carácter masivo.
 
Para desvanecer dudas y tranquilizar a los actuales trabajadores de otras oficinas, este martes también se ha llevado a cabo una reunión entre Salvadó y los trabajadores de las oficinas liquidadoras del territorio para explicarles de primera mano el proyecto que está llevando adelante la Generalidad.
 
Lluís Salvadó les ha expresado el deseo de que los trabajadores pasen a formar parte del proyecto «porque ya son personas muy formadas en las tareas que se deberán desarrollar».
 
Los municipios que dispondrán de una de estas catorce nuevas oficinas de la ATC, aparte de Vic, son Barcelona, ​​Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Tortosa, Mataró, Manresa, la Bisbal Empordà, Santa Coloma de Farners, Figueres, Reus y la Seo de Urgel. 

Desobediencia a la suspensión cautelar de la Justicia: El tribunal suspendió la Ley de agencia tributaria catalana 14-S 2015

Madrid, 14 de septiembre de 2015. El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente este lunes la Ley de la Agencia Tributaria separatista del gobierno autonómico de Cataluña del presidente Artur Mas Gavarró al haber admitido a trámite el recurso que presentó contra ella el Gobierno, basado en que la norma catalana integra a los funcionarios de la agencia en cuerpos dependientes del gobierno autonómico de Cataluña.

El artículo 4 de la ley impugnada prevé la «integración voluntaria» de estos funcionarios en los cuerpos superiores de inspectores tributarios y técnicos de gestión de la Generalidad de Cataluña. El Gobierno considera que ese precepto vulnera el derecho al acceso en condiciones de igualdad a la función pública previsto en la Constitución y el estatuto del trabajador.

La decisión del alto tribunal no prejuzga su dictamen, sino que suspende temporalmente, durante cinco meses, la norma impugnada, en tanto resuelve sobre el fondo del asunto. El Gobierno argumenta que la ley vulnera el derecho fundamental «por el que los ciudadanos de toda la nación tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes».

Asimismo, prosigue, se vulnera el artículo 103.3 de la Constitución que establece el acceso a la función pública «de acuerdo con los principios de mérito y capacidad», así como los artículos 55 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público, «relativos al acceso al empleo público y la adquisición de la relación de servicio».

Por otro lado, el pleno del Constitucional ha admitido también a trámite otro recurso del Ejecutivo contra una norma catalana, que resulta de este modo suspendida cautelarmente.

Se trata del recurso de inconstitucionalidad presentado contra el impuesto catalán «sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión cultural digital», una norma que según el Gobierno excede las competencias de la Generalitat catalana.