Borràs al Tribunal: La querella por urnas del referéndum hace «uso preventivo del derecho penal»

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GRA440. BARCELONA, 16/05/2017.- La consejera de Gobernación de la Generalidad de Cataluña, Meritxell Borràs, durante la rueda de prensa que ha ofrecido esta tarde en Barcelona, tras conocer que la Fiscalía se ha querellado contra ella por prevaricación, desobediencia y malversación, en la que ha acusado al Estado de "tener miedo a las urnas" y de actuar de forma "dictatorial", y ha asegurado que la querella no frenará el proceso de licitación, porque es "impecable".. Archivo Efe

Agencias – El Gobierno de la Generalidad de Cataluña alega ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la querella de la fiscalía por la compra de urnas del referéndum separatista, anunciado para el próximo 1 de octubre de 2017 en Cataluña, hace un «uso preventivo del derecho penal» y vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europa. Barcelona (España), martes 27 de junio de 2017. Fotografía: GRA440. BARCELONA, 16/05/2017.- La consejera de Gobernación de la Generalidad de Cataluña, Meritxell Borràs, durante la rueda de prensa que ha ofrecido esta tarde en Barcelona, tras conocer que la Fiscalía se ha querellado contra ella por prevaricación, desobediencia y malversación, en la que ha acusado al Estado de «tener miedo a las urnas» y de actuar de forma «dictatorial», y ha asegurado que la querella no frenará el proceso de licitación, porque es «impecable».. Archivo Efe

En el texto de alegaciones al que ha tenido acceso la agencia catalana de noticias este lunes, 26 de junio de 2017, el abogado de la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda del Gobierno catalán, Meritxell Borràs, argumenta que este uso preventivo del derecho penal para impedir lo que supuestamente alguien hará en el futuro es «incompatible» con las premisas básicas del derecho penal.

Además, el escrito defiende que, para ser coherente, la Fiscalía debería querellarse inmediatamente contra otros gobiernos autonómicos, como es el caso de Andalucía, que también han comprado urnas.

En este contexto, considera que la admisión a trámite de la querella es «absolutamente prematura y precipitada».