Efe – Hoy el ex director general de Infraestructuras.cat, Josep Antoni Rossell, que se ha negado a declarar. Ante el juez se han acogido a su derecho a no declarar, además de Rossell, los empresarios Francesc Xavier Teuler, exconsejero delegado de Copisa, y Juan Luis Romero, directivo de Rogasa, que en este caso no fue detenido en febrero sino en las fases previas de la investigación sobre el 3%. Vendrell (Tarragona) España, jueves 16 de febrero de 2017. Fotografía: En la imagen, el empresario Xavier Tauler (i), junto a su abogado, a su llegada a los juzgados de El Vendrell (Tarragona), donde declara ante el juez que investiga el «caso del 3%», que también interroga hoy a otros cuatro empresarios acusados de pagar sobornos a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), formación del presidente catalán, Carles Puigdemont, y ex presidentes Artur Mas y Jordi Pujol, a cambio de la adjudicación de obra pública por parte de administraciones gobernadas por Convergència. Efe.
Dos empresarios de una constructora que han declarado hoy ante el juez que investiga el caso del 3 % han negado haber pagado comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública y han alegado que las donaciones que hicieron a fundaciones del partido eran legales y declaradas.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, ante el titular del Juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) han comparecido hoy el ex director general de Infraestructuras.cat Josep Antoni Rossell, que se ha negado a declarar, así como cinco empresarios, de los que tres sí que han dado explicaciones.
En concreto, según las fuentes, el presidente de Oproler, Sergio Lerma, ha asegurado ante el juez que los únicos pagos al entorno de CDC los efectuó en 2010, cuando hizo un donativo de 3.500 euros a la fundación Catdem y otro de 13.500 a Fórum Barcelona, si bien ha alegado que en ambos casos se trataba de aportaciones legales y declaradas.
En la misma línea, según las fuentes, el delegado en Cataluña de la constructora Oproler, Josep Manuel Bassols, ha negado ante el magistrado haber pagado comisiones a Convergència (CDC) a cambio de la adjudicación de obra pública por parte de administraciones dirigidas por esta formación.
Se da el caso de que Bassols, que ya fue detenido en 2015 en una fase anterior del caso del 3%, pidió comparecer a iniciativa propia ante el magistrado hace unos tres meses, si bien no recibió respuesta, hasta que finalmente fue citado para hoy, tras ser detenido de nuevo el pasado 2 de febrero.
En la operación de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción en la que el pasado 2 de febrero se detuvo a dieciocho supuestos miembros de la trama, los investigadores intervinieron un correo electrónico dirigido supuestamente a Bassols en el que una empleada de Oproler le indica: «Josep, esta obra me comenta Sergio que te la envíe y que hables con el Sr. Andreu».
Según los investigadores, el «Sergio» que aparece en el correo es Sergio Lerma, mientras que el «sr. Andreu» sería el tesorero de CDC Andreu Viloca, que ayer se negó a declarar ante el juez y que, según la Fiscalía, llevaba un control exhaustivo de las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones en poder de Convergència y jugaba un papel clave en el control del supuesto pago de comisiones al partido.
En los interrogatorios, también ha declarado hoy el empresario Félix Pasquina, a quien el fiscal Anticorrupción José Grinda le ha preguntado por obras públicas adjudicadas a su empresa, como las del instituto Lluís de Peguera en Manresa (Barcelona).
Por el contrario, ante el juez se han acogido a su derecho a no declarar, además de Rossell, los empresarios Francesc Xavier Teuler, exconsejero delegado de Copisa, y Juan Luis Romero, directivo de Rogasa, que en este caso no fue detenido en febrero sino en las fases previas de la investigación sobre el 3%.
Según las fuentes, la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido ninguna medida cautelar contra los investigados que han comparecido hoy, si bien todos ellos, excepto Pasquina, tienen ya el pasaporte retirado y la prohibición de abandonar el país, debido a medidas cautelares adoptadas por el magistrado en diligencias anteriores del caso del 3%.
El juez todavía tiene que decidir si cita a otros detenidos en la operación del pasado 2 de febrero, entre ellos el exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives (CiU), el responsable de los servicios jurídicos de Convergència, Francesc Sánchez, y el presidente del puerto de Barcelona, Sixte Cambra.
