Efe – Según Anticorrupción, Viloca ejercía un papel clave en el control del supuesto pago de comisiones a CDC a cambio de la concesión de obra pública, por lo que los fiscales pretendían preguntarle hoy sobre las obras adjudicadas por el Puerto de Barcelona y por BIMSA a constructoras vinculadas al presunto cohecho que se investiga en el caso del 3%. Vendrell (Tarragona) España, miércoles 15 de febrero de 2017. Fotografía: El tesorero de CDC, Andreu Viloca (d), a su llegada a los juzgados de El Vendrell (Tarragona), donde comparece como investigado ante el juez del caso del 3%, tras ser detenido el 2 de febrero en una operación contra el supuesto pago de comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. Efe.
La Fiscalía investiga la vinculación del tesorero de CDC, Andreu Viloca, que hoy se ha negado a declarar ante el juez del «caso del 3%», con el supuesto pago de comisiones a Convergència a cambio de la adjudicación de obras en el Puerto de Barcelona y de la empresa municipal BIMSA de Barcelona.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, Viloca se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que mañana interrogará a otros seis supuestos miembros de la trama del 3%, entre ellos empresarios de empresas adjudicatarias de obra pública.
Los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda daban una especial relevancia al interrogatorio a Viloca, ya que pretendían determinar su vinculación con el supuesto pago de comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obras por parte del Puerto de Barcelona y de la empresa municipal Barcelona d’Infraestructuras Municipals (BIMSA), según las fuentes consultadas.
El Puerto de Barcelona y BIMSA fueron el epicentro de la última operación de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso del 3 %, en la que el pasado 2 de febrero se detuvo a 18 personas, entre ellas a Viloca, al director del Puerto, Sixte Cambra, al exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives (CiU) y varios dirigentes de la empresa municipal de infraestructuras, por adjudicaciones efectuadas entre 2011 y 2015.
Según Anticorrupción, Viloca ejercía un papel clave en el control del supuesto pago de comisiones a CDC a cambio de la concesión de obra pública, por lo que los fiscales pretendían preguntarle hoy sobre las obras adjudicadas por el Puerto de Barcelona y por BIMSA a constructoras vinculadas al presunto cohecho que se investiga en el caso del 3%.
El juez había citado para hoy a Viloca para interrogarle por las diligencias de investigación previas a su arresto del pasado 2 de febrero, aunque con elementos comunes con las nuevas sospechas sobre la contratación de obra durante la etapa de Xavier Trias (CiU) como alcalde de Barcelona.
Viloca, para quien la Fiscalía no ha pedido hoy ninguna medida cautelar, ya había sido detenido en octubre de 2015 por esta causa y llegó a estar tres semanas en prisión, hasta que CDC abonó la fianza de 250.000 euros que le impuso la Audiencia de Tarragona para que pudiera quedar en libertad.
Además, el juez, que mantiene el caso en secreto, también había citado hoy a otros dos detenidos el pasado 2 de febrero, el presidente de Oproler, Sergio Lerma, y el delegado en Cataluña de esta constructora, Josep Manuel Bassols.
En la documentación intervenida en los registros del pasado 2 de febrero figura un correo electrónico, del que ayer informó El Mundo, dirigido supuestamente a Bassols en el que una empleada de Oproler le indica: «Josep, esta obra me comenta Sergio que te la envíe y que hables con el Sr. Andreu».
Los investigadores sostienen que el «Sergio» que aparece en el correo es Sergio Lerma, presidente de Oproler, mientras que el «sr Andreu» sería Andreu Viloca, que según la Fiscalía «llevaba un control exhaustivo» de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones en poder de CDC.
A la espera de recibir el informe de la Guardia Civil sobre la documentación incautada en los últimos registros, el juez también tiene previsto interrogar mañana al exdirector de Infraestructuras.cat Josep Antoni Rossell, al exconsejero delegado de Copisa Xavier Tauler y al empresario Fèlix Pasquina, arrestados el pasado 2 de febrero.
El juez también ha citado para mañana al empresario Juan Luis Romero, directivo de Rogasa, que en este caso no fue detenido en febrero sino en las fases previas de la investigación sobre el 3%.
Tras esta ronda de declaraciones, el juez decidirá cuándo cita a los otros detenidos el pasado 2 de febrero, entre ellos Antoni Vives (CiU), el responsable de los servicios jurídicos de Convergencia, Francesc Sànchez, y el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra.
