Redacción – Carlos Morín, El doctor de las clínicas abortistas condenado. El derecho a la vida se impone a la ideología de la muerte. El colectivo español «Centro Jurídico Tomás Moro» (CJTM) junto al resto de acusaciones consigue una Sentencia condenatoria que supone un gran avance en la lucha provida. Este viernes 17 de junio de 2016 figurará desde hoy en todas la agendas provida de España al haberse conseguirse hoy la condena del doctor Carlos Morín y del psiquiatra Pascual Javier Ramón a la pena de un año y medio de cárcel por 11 delitos de abortos ilegales. Madrid (España), a 17 de junio de 2016. Fotografía: El doctor Carlos Morín tras su detención. Archivo Efe
El Centro Jurídico Tomás Moro se felicita de esta Sentencia, que aunque no cumple las expectativas por cuanto las penas son livianas en consideración a las muertes de nasciturus causadas, sin embargo si alienta a este Centro Jurídico Tomás Moro a seguir adelante en el control de las clínicas abortivas que incumpliendo la ley realizan abortos fuera de los supuestos establecidos legalmente.
No obstante el Centro Jurídico Tomás Moro quiere manifestar al pueblo español que su único objetivo es lograr el aborto cero, dado que la vida ha de ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
Cualquier aborto implica el reconocimiento de las deficiencias de un Estado Social de Derecho que no sabe o no quiere tutelar el derecho de los más indefensos, a saber: los menores no nacidos y las madres desatendidas por un estado de bienestar que las deja abandonadas a su suerte.
Hoy la Audiencia Provincial de Barcelona nos ha notificado la Sentencia en el conocido caso del Doctor Morín. Dicha Sentencia considera que Morín «es autor mediato» de 11 delitos de aborto porque «sabía que con la actividad diseñada y organizada por él en las clínicas» iban a producirse interrupciones del embarazo «sin cumplir con los requisitos» de uno de los tres supuestos para los que la ley de 1985 despenalizaba el aborto. Se trata del «grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada».
La sentencia considera que los test «estándar» que rellenaban las madres no eran suficientes para determinar ese grado de riesgo por lo que condena tanto a Morín como al psiquiatra Pascual Javier Ramón (a este último por firmar dictámenes que la Sala considera «falsos o simulados»).
El caso del doctor Morín se inició en el año 2006 cuando varios colectivo españoles: Centro Jurídico Tomás Moro, Alternativa Española y E- Cristians, denunciaron ante la justicia la trama de abortos ilegales que se desarrollaba en las clínicas del doctor Morín (Ginemedex, TCB y Barnamedic).
Si bien es cierto que en el año 2013 la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona absolvió a Morín, sin embargo el Tribunal Supremo estimó el recurso que de forma conjunta presentaron Alternativa Española y el Centro Jurídico Tomás Moro, anulando la Sentencia y obligando a la Audiencia Provincial de Barcelona a celebrar nuevamente el juicio.
Los hechos 27 de noviembre del año 2007 en Barcelona
Agencias [Barcelona (España), 27 de noviembre 2007] Fueron hasta 6, los detenidos en el caso de las clínicas acusadas de practicar abortos ilegales. La Guardia Civil detuvo a seis personas, entre ellas el director de las clínicas del grupo Ginemedex-TCB, Carlos Morín, en una operación dirigida por la Fiscalía y el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona por una supuesta práctica de abortos ilegales en estos centros. Fuentes policiales en declaraciones a la agencias de noticias Efe, confirmaron aquel entonces que el caso se encontraba bajo secreto de sumario por lo que no se descartan nuevas detenciones.
La investigación dirigida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
Entre los detenidos se encontraba tanto los máximos responsables de las cuatro clínicas registradas (TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morín) como algunos empleados de estos centros, situados en el barrio de Tres Torres, en la parte alta de la capital catalana. La investigación dirigida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el juzgado de instrucción contra estas clínicas se basa en «una supuesta práctica reiterada de interrupciones voluntarias del embarazo radicalmente fuera de los supuestos permitidos por la legislación».
La operación se llevó a cabo a raíz de la querella presentada hace poco más de un año por las organizaciones próvidas, entre ellas e-Cristians, Centro Jurídico Tomás Moro, etc. que fue aceptada a trámite el pasado mes de julio por el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona.
Abortos a mujeres embarazadas de más de 30 semanas
La querella se basaba en las informaciones recogidas en un reportaje de la televisión danesa, que denunció que en Barcelona se practicaban abortos a mujeres embarazadas de más de 30 semanas, así como en otro trabajo periodístico similar elaborado por el británico Daily Telegraph. Precisamente por el primero de estos reportajes, el departament de Salut ya abrió un expediente el pasado año contra la clínica Ginemex, ahora registrada.
El juez que instruye el sumario podría haber tenido en cuenta además el testimonio de un ex empleado de alguno de los centros de Morín, que habría aportado información relativa a presuntos abortos ilegales. Durante más de seis horas, agentes de la Guardia Civil han registrado los cuatro centros barceloneses dirigidos por Morín, y han analizado decenas de cajas con documentación sobre los embarazos interrumpidos en estas clínicas.
En estos registros se ha detenido también a seis directivos y empleados, entre ellos Carlos Morín, que ha abandonado el centro que Ginemedex tiene en el número 61 de la calle Dalmases de Barcelona en un coche sin identificar de la policía judicial. La expectación informativa que ha provocado la operación policial ha llevado a la Fiscalía y al TSJC a afirmar que se han tomado las medidas adecuadas para preservar la identidad de las usuarias de los centros registrados y que sólo se incorporarán a la causa aquellas historias clínicas que ofrezcan «motivos fundamentados de imputación».
A raíz de la denuncia presentada por los providas, el grupo de Morín ya fue investigado hace unos meses tanto por el departamento de Salud de la Generalitat como por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), sin que se derivaran sanciones. La consejera del gobierno catalán explicó que cerró el expediente informativo al comprobar que las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevaban a cabo se ajustaban a la ley y que los centros disponían de autorización para ejercer.
Ya fueron sancionadas con multas económicas de 3.000 euros
Los informes, ha precisado Salud, sólo evidenciaron algunas «irregularidades administrativas» que ya fueron sancionadas con multas económicas de 3.000 euros, aunque «en ningún caso se pudo comprobar las supuestas prácticas ilegales denunciadas». El Colegio de Médicos también desestimó abrir un expediente sancionador a estas clínicas al concluir que «no se vulneró ningún código deontológico ni ningún precepto legal». Las presuntas irregularidades del grupo Ginemedex-TCB también fueron denunciadas por el Centro Jurídico Tomás Moro, cuya querella ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona.
