Lasvocesdelpueblo y Agencias – Visto, desde este viernes, para sentencia el Juicio por el expolio del Palacio de la Música de la Generalidad de Cataluña, con la previsión de dictarla después del verano de 2017. La formación del Gobierno d ela Generalidad, Convergencia (CDC) del ex presidente catalán Artur Mas y del actual, Carles Puigdemont, se ha confesado, finalmente; los abogados de CDC han reconocido solo ha 2,4 millones de euros de su presunto lucro en el saqueo, con bandera del separatismo por delante, de la institución cultural catalana. Barcelona (España), sábado 17 de junio de 2017. Fotografía: El extesorero de Convergencia CDC Daniel Osàcar a su llegada a la Justicia donde se celebra la última sesión del juicio por el expolio del Palacio de la Música, que quedará hoy, viernes 16 de junio de 2017, visto para sentencia, una vez la defensa de CDC exponga su informe final sobre la presunta financiación ilícita del partido y el tribunal conceda el derecho al uso de la última palabra a la quincena de acusados del saqueo. Efe.
La defensa de CDC ha limitado a un máximo de 2,4 millones de euros su presunto lucro en el expolio del Palacio de la Música, que la Fiscalía cifra en 6,6, y ha alardeado de que el partido sería «un caso único en la democracia» si se refundó en el PDeCAT por unas meras sospechas de financiación irregular.
Tras casi cuatro meses de sesiones, la sección décima de la Audiencia de Barcelona ha dejado este viernes, 16 de junio de 2017, visto para sentencia el juicio por el expolio del Palacio de la Música, con la previsión de dictarla después del verano, en una jornada en la que el extesorero de CDC Daniel Osàcar se ha proclamado «honesto, íntegro y honrado».
En su informe final del juicio, Xavier Melero, abogado de CDC -responsable civil a título lucrativo del desfalco-, ha negado que el partido se financiara ilegalmente mediante el cobro de comisiones de Ferrovial a través del Palacio, por lo que se opone al decomiso de 6,6 millones que la Fiscalía pide al partido, que tiene 15 de sus sedes embargadas para garantizar ese pago en caso de condena.
No obstante, el abogado ha sostenido que si la Audiencia acaba declarando la responsabilidad lucrativa del partido en el expolio, éste debería ser obligado a pagar un máximo de 2,4 millones.
Melero ha invocado la jurisprudencia para alegar que los 3,3 millones de euros que según la Fiscalía el extesorero de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005, recibió en comisiones ilícitas de Ferrovial no se pueden reclamar al partido, puesto que el desvío habría sido materializado por una persona que murió sin ni siquiera haber sido investigada.
Además, sostiene que no hay «la más mínima prueba» de que los 382.243 euros que su sucesor al frente del tesorería de CDC Daniel Osàcar percibió supuestamente en efectivo del Palacio de la Música fueran a parar al extinto partido.
Melero sí ha reconocido como posible responsabilidad lucrativa los 600.000 euros que CDC recibió mediante convenios anuales de colaboración con la fundación Trias Fargas -actual Catdem- y que la Fiscalía cree enmascaraban «mordidas» de Ferrovial, aunque el abogado ha recordado que esas cantidades han sido devueltas al Palacio de la Música y ello debe comportar «efectos positivos» para Osàcar.
Respecto a las facturas falsas emitidas por empresas proveedoras del Palacio de la Música que supuestamente sirvieron para hacer llegar 2,3 millones de euros en comisiones ilícitas a CDC, la defensa admite en último extremo un desvío de 1,7 millones.
«Esto da como suma, en la peor de las hipótesis, un total de 2,4 millones de euros», ha apostillado Xavier Melero.
El abogado ha finalizado su informe recordando que CDC ya no existe como sujeto político, pese a haber estado presente en todos los «hitos» de la Transición, y ha aplaudido la reconversión de la histórica formación en el actual PDeCAT.
«No sé si la desaparición de CDC como sujeto político tiene algo que ver con las responsabilidades que se podrían derivar de este procedimiento. No me lo han dicho. Pero si es así, sería un caso único en la historia de la democracia española que alguien hiciera un acto de contrición y un examen de conciencia así», ha celebrado.
Melero ha recordado que en los últimos años se han dictado en España resoluciones judiciales sobre financiación irregular que han afectado a partidos como el PP y el PSOE, y que ambas formaciones siguen activas.
En cambio, ha indicado que CDC, pese a sus «errores» y «defectos», ha optado por desaparecer como sujeto político, ya que únicamente existe actualmente en el «plano jurídico, con una mínima estructura administrativa».
Para Melero, si la creación del PDeCAT obedece a un «acto de contrición» debido a la
«fragilidad» y al «nivel de conciencia» por parte de CDC, se demostraría que en el partido hay «mucha gente honorable, que no merece ningún pronunciamiento que incida en su renovación».
Por su parte, en su derecho al uso de la última palabra, Daniel Osàcar, también defendido por Melero, ha tildado de «elucubración» la tesis de la Fiscalía de que cobró comisiones y, tras proclamarse «honesto, íntegro y honrado», ha lamentado: «¿cómo puede alguien imaginar que yo haya podido participar en el saqueo del Palacio de la Música?».
Osàcar ha blandido sus creencias religiosas -«soy creyente, católico practicante y hombre de Iglesia que sigue el camino del Evangelio»- y se ha jactado de que podría haber llevado a la vista a 80 testigos «no militantes de Convergència» que habrían acreditado que él no es «corrupto, ni ladrón, ni delincuente».
En un discurso trufado de alusiones a la Biblia, el tesorero de CDC ha confesado su amor a la música y al propio Palacio de la Música, al que ha definido como «cuna y faro de referencia de la musicalidad, la cultura y la catalanidad».
Mientras los exresponsables del Palacio de la MúsicaFèlix Millet y Jordi Montull han declinado dirigirse al tribunal en su último turno de palabra, la exdirectora financiera Gemma Montull ha intervenido para denunciar los «insultos» y el desprecio social del que cree ha sido víctima durante los ocho años del proceso.
Las últimas palabras de Gemma Montull se han centrado en relatar lo que tanto ella como sus padres han «sufrido» desde que en 2009 estalló el escándalo del Palacio de la Música, lo que asegura le ha obligado a cambiar de domicilio en dos ocasiones y a soportar pintadas en su casa, en una situación que ha definido como «insostenible».
