El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha enviado, este lunes, 23 de marzo 2015, a un juzgado de Toledo (Capital de provincia española en Castilla-La Mancha) , por un posible delito de prevaricación, la vertiente del caso que investiga la adjudicación supuestamente irregular a una filial de la constructora Sacyr de un contrato de basuras del ayuntamiento de la ciudad, que pudo responder a una donación de 200.000 euros de esa empresa para la campaña municipal de la actual presidenta de la comunidad autónoma y actual secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal.
Así mismo, el magistrado ha decidido mandar esta pieza a un juzgado de Toledo, y no al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ya que considera que no hay indicios suficientes que justifiquen la investigación de aforados por parte de ese tribunal.
Pablo Ruz, ha concluido la instrucción de la pieza separada de los ‘papeles de Bárcenas’ y da por acreditada indiciariamente la existencia de una contabilidad paralela en el PP desde 1990 hasta al menos 2008 al margen de la oficial remitida al Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante Hacienda. «Un sistema de financiación del PP llevado a cabo a través de aportaciones procedentes de fuentes privadas que, de forma sistemática (…), habrían incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidas en la ley», según recoge el juez en un auto de 190 páginas al que el portal español ‘Lasvocesdelpueblo ha tenido acceso este lunes [Descargar el auto caso Gürtel 23/03/2015 de 190 páginas aquí en PDF].
El instructor plantea llevar a juicio por presuntos delitos contra la Hacienda Pública en relación a esta causa a seis personas: a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, al exgerente del (PP) Cristóbal Paéz, a los responsables de Unifica Gonzálo Urquijo y Belén García y a una empleada de esta constructora, que cobró más de millón y medio de dinero negro por la reforma de la sede nacional del Partido Popular.
El juez Pablo Ruz recuerda que la legislación española vigente no contempla el delito de financiación ilegal y que el delito de falsedad contable que habrían cometido los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por la gestión en la contabilidad paralela de las donaciones presuntamente recibidas y los delitos electorales en los que habrían incurrido al destinar supuestamente parte de este dinero a sufragar gastos de campañas electorales del PP están prescrito.
Los únicos que no habrían prescrito son los presuntos delitos contra la Hacienda Pública que habrían cometido Bárcenas y Lapuerta y el exgerente Cristóbal Paéz como responsables legales del PP por no haber declarado en el impuesto de sociedades las donaciones recibidas en 2008 y los que habría cometido la empresa Unifica por el impuesto de sociedades de 2007 y el del IVA de 2010. El juez cifra en 1.552.000 euros el dinero en «b» que el PP pagó a Unifica por las obras y considera tanto a la formación como a la empresa responsables civiles subsidiarios
Pablo Ruz señala que existen indicios «sólidos y fundados» de que el Partido Popular operó «durante al menos los 18 años investigados» con varios sistemas al margen de la contabilidad oficial presentada ante el Tribunal de Cuentas y Hacienda «funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B».
Eran el gerente y el tesorero nacional del partido los encargados, según los hechos probados para Ruz, los que controlaban las «corrientes financieras de entradas y salidas de dinero» al margen del circuito oficial. Pablo Ruz archiva la causa respecto a 22 imputados, entre ellos varios empresarios y el exsecretario general del (PP) Ángel Acebes.
<redacción – Lasvocesdelpueblo y Agencias>
