El Gobierno del Partido Popular ha recurrido al Tribunal Constitucional la creación de ‘Estructuras de Estado‘ separatista catalán que impulsan el gobierno del presidente autonómico de Cataluña y sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), desde el pasado final de año 2014. El objetivo, según la vicepresidenta, es dejar sin efecto los artículos que prevén que «en caso de separación» de Cataluña y España, el gobierno catalán asuma funciones «propias del Estado», es decir, que parten «del supuesto inconstitucional de una separación unilateral Cataluña de España». El ejecutivo del gobierno del PP basa el recurso en las sentencias anteriores del TC, que, según la vicepresidenta, ha ido tumbando «uno tras otro» los elementos de la hoja de ruta: «La declaración de soberanía: inconstitucional. La ley de consultas: inconstitucional. Las consultas ordenadas: ayer declaradas inconstitucionales».
El Consejo de Ministros del gobierno tecnócrata del Partido Popular ha aprobado este viernes, 12 de junio 2015, -tal como hiso con el golpe del 9N separatista catalán y luego permitió- presentar un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 69 y 95 y varias disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley 3/2015 de 11 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas del Parlamento de Cataluña que establece la creación de las llamadas «estructuras de Estado». El ministerio de la presidencia de María Soraya Sáenz de Santamaría Antón ha pedido que se aplique el artículo 161.2 de la Constitución Española y, por tanto, todos los artículos impugnados queden suspendidos desde el mismo momento en que el Tribunal Constitucional acepte a trámite el recurso. Entre otros, el recurso afecta el plan director de la Agencia Tributaria separatista de Cataluña y la Administración de Seguridad Social separatista catalana en construcción.
El recurso cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado, el abogado del Estado y los Ministerios de Justicia, Economía, Hacienda e Interior, que son los «afectados» -según el gobierno del PP- para la creación de estas estructuras. El gobierno de Rajoy divide también del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que según ha recordado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, «advirtió de la existencia de vicios de inconstitucionalidad».
El ejecutivo español presentará el recurso antes de que expire el plazo establecido, el 15 de junio, y pedirá que el Tribunal dicte la suspensión automática de los preceptos impugnados. El objetivo, según la vicepresidenta, es dejar sin efecto los artículos que prevén que «en caso de separación» de Cataluña y España, el gobierno catalán asuma funciones «propias del Estado», es decir, que parten «del supuesto inconstitucional de una separación unilateral Cataluña de España». El ejecutivo del gobierno del PP basa el recurso en las sentencias anteriores del TC, que, según la vicepresidenta, ha ido tumbando «uno tras otro» los elementos de la hoja de ruta: «La declaración de soberanía: inconstitucional. La ley de consultas: inconstitucional. Las consultas ordenadas: ayer declaradas inconstitucionales».
Creación seguridad Social separatista
El ejecutivo español recurre además la disposición 25 que «asumiría las competencias que el Estado tiene en materia de Seguridad Social». Según la vicepresidenta, «fractura el principio de caja única de la Seguridad Social que va en beneficio de todos los pensionistas» que «nos protege a todos cuando nos jubilamos«.
Plan director de la energía y telecomunicaciones
El gobierno del PP lleva al TC la disposición 26 que crea el plan director sobre los sectores de la energía, telecomunicaciones y transporte ferroviario. El ejecutivo español asegura que Artur Mas Gavarró no tiene competencias para regular estos sectores e invade las que se reserva el Estado y que «posibilitan un trato igual a todos los españoles».
Agencia Tributaria separatista catalana
El recurso afecta, entre otras, la disposición 22 de la ley sobre el plan director de la Agencia Tributaria de Cataluña que prevé la gestión de todos los impuestos que pagan los catalanes, incluidos los del tráfico exterior. Según el gobierno de Rajoy, vulnera los artículos de la Constitución como los que regulan las competencias exclusivas del Estado en materia de administraciones públicas y relaciones internacionales, así como los que hablan de la soberanía, autonomía e igualdad de los españoles.
Falso Inventario de patrimonio separatista catalán
También la disposición 23 que establece la creación de un inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña. Según el Gobierno, Artur Mas Gavarró pretende con eso «inventariar los bienes de la administración del Estado bajo la premisa de que en alguna ocasión u oportunidad pueden integrarse dentro de la administración de Cataluña. Según el Estado, esta disposición afecta a la «soberanía del pueblo español».
Infraestructuras estratégicas separatistas
También es objeto de recurso la disposición 24, que regula el catálogo de infraestructuras estratégicas, que incluyen los sectores del agua, la energía, sin excluir los puertos y aeropuertos de interés general y las telecomunicaciones. «Tratándose de infraestructuras estatales Cataluña no puede ni siquiera elaborar planes, porque no tiene competencia», explicó la portavoz del gobierno tecnócrata del partido Popular, María Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
<lasvocesdelpueblo y acn><Foto / Presidencia de La Moncloa>
