El Gobierno pide a Puigdemont acatar la anulación de partida para financiar el referéndum

0
494
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Archivo Efe.

Agencias – «Porque acaba de tomar una decisión (el Tribunal Constitucional), lo que hay que hacer es acatarla, cumplirla y, de esa forma, estamos salvaguardando la democracia», declaró el político a su llegada al consejo informal de ministros del Interior que comienza este jueves en Tallin. Tallin, jueves 6 de julio de 2017. Fotografía: El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Archivo Efe.

El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, exigió hoy acatar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas a convocar elecciones, si finalmente se usan para el referéndum separatista del 1 de octubre en Cataluña.

«Porque acaba de tomar una decisión (el Constitucional), lo que hay que hacer es acatarla, cumplirla y, de esa forma, estamos salvaguardando la democracia», declaró el político a su llegada al consejo informal de ministros del Interior que comienza este jueves en Tallin.

En ese sentido, recalcó que la democracia es cumplir la normativa básica y es «cumplir con la Constitución y con las resoluciones que dictan los órganos constitucionales como, en este caso, es el Tribunal Constitucional».

«En España, afortunadamente, el Estado de Derecho funciona. En España, afortunadamente, la división de poderes es algo normal que rige los comportamientos de todos a titulo individual y también para todas las instituciones», precisó.

En una sentencia de la que ha sido ponente Pedro González Trevijano, el pleno estimó parcialmente este miércoles el recurso presentado por el Gobierno el pasado 4 de abril contra la Ley de presupuestos de Cataluña.

De ese modo, anuló la disposición adicional 40 de la Ley de presupuestos y declaró que las partidas presupuestarias impugnadas son inconstitucionales si se destinan a financiar el referéndum sobre el futuro político de Cataluña al que se refiere esa disposición.

Se trata de tres partidas de 5 millones de euros, 800.000 euros y 407.450 euros, destinadas a «procesos electorales y consultas populares».