Lasvocesdelpueblo y Agencias – Uno de los principales impulsores del Golpe de Estado secesionista del pasado 9 de noviembre de 2014 en la región española de Cataluña y actual portavoz de Convergencia Democrática de Cataluña CDC) de Jordi Pujol Soley,en el Congreso de los Diputados de la patria, Francesc Homs Molist, ha avanzado hoy que la sentencia de la causa judicial abierta en el Tribunal Supremo está «cantada» porque será «condenatoria», pero ha advertido de que «no se acatará políticamente». Madrid (España), lunes 19 de septiembre de 2016. Fotografía: El exconsejero presidencia del gobieno de Artur Mas Gavarro,Francesc Homs Molist, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en la casa catalana en Madrid, tras prestar declaración durante dos horas ante el Tribunal Supremo como imputado por su papel en el golpe de Estado secesionista del 9N. Efe.
En rueda de prensa tras declarar en el Tribunal Supremo por la consulta del 9N, y flanqueado por altos cargos de su partido y del gobierno racista de Juntos Por El Si (J×Sí) –con apoyo de la CUP– como Artur Mas o Neus Munté, el hoy portavoz De CDC en el Congreso se ha mostrado muy crítico por esta causa abierta, toda vez que demuestra que «se está haciendo política con los tribunales» en una línea de actuación que es «seguidismo» del Gobierno del PP.
Ha indicado que dicho proceso «político», «sin garantías judiciales», persigue «un escarmiento» para desactivar el proceso golpista de J×Sí y CUP, pero ha augurado que el efecto en Cataluña y partidos separatistas será «al revés».
Dentro de las críticas a la causa judicial, cuyo siguiente paso podría ser la petición del suplicatorio al Congreso para imputar a Homs (algo que él considera seguro, según sus palabras), la Fiscalía ha ocupado el centro de ellas, al considerar que actúa como «brazo armado» del Gobierno en funciones y mantiene «una actividad gregaria» hacia él.
«Mi sensación es que se trata de un proceso político, no jurídico, en donde el derecho es el pretexto, pero se quiere otra cosa», ha proseguido en la rueda de prensa antes de apuntar, en lengua regional (el catalán), que cree que la sentencia será «condenatoria». Luego, en lengua oficial de la patria: el español, no ha empleado ese término.
El fallo, por tanto, está preestablecido, pero ha avisado de que «no va a servir de nada», como se ha podido comprobar estos días dadas las muestras de respaldo recibidas, provenientes de la política catalana.
A su juicio, por el tono de las preguntas de los magistrados en un interrogatorio que ha durado cerca de hora y media, y por la sintonía entre estos y la Fiscalía, ha quedado demostrado que «la sentencia está hecha antes de empezar». Es lo «propio de un proceso político», ha rematado.
Más allá de la respuesta a la sentencia en un marco meramente jurídico, sobre lo que Homs ha subrayado que se seguirá actuando, sí se ha sido más preciso al indicar que, «políticamente», la sentencia no se acatará.
Aunque en principio no se ha referido a quiénes desobedecerán la resolución de la justicia, ha indicado más adelante que ante la situación actual, «las instituciones» de la patria en manos de separatistas en Cataluña «y los partidos» secesionistas catalanistas, en vez de verse escarmentadas, darán una contestación «al revés».
Ha asegurado en este sentido: «Si se intenta amedrentar, limitar nuestra actuación, o como una muy alta representación me dijo, que es necesario un escarmiento para que el proceso decaiga, pues entonces no se han enterado de nada».
El dirigente de CDC, quien antes de la comparecencia ante la prensa ha celebrado una charla informal con la representación que le ha acompañado para relatar el interrogatorio, ha profundizado en algunas de las preguntas formuladas durante el mismo.
Así, tras desvelar que los magistrados le han reconocido errores en la cédula de citación, ya que es aforado, ha reprochado que los jueces hayan expuesto, por ejemplo, la celebración de la rueda de prensa del golpe de 9N en el Pabellón de Italia de Barcelona, y no en la sede del gobierno secesionista de J×Sí, o la carta que firmó para pedir a una de las empresas organizadoras de el golpe de Estado que siguiera adelante.
Hechos que, según sus declaraciones, la acusación ha empleado para acreditar su participación activa en el 9N, y en consecuencia, para certificar los presuntos delitos que le han llevado al Supremo: prevaricación, desobediencia y malversación por no acatar la sentencia del Constitucional contra el 9N.
También ha desgranado los argumentos con los que ha testificado: que el 9N de 2014 el Govern actuó conforme a la legalidad y al mandato democrático del Parlamento autonómico español en Cataluña, y que aquel Gobierno del que formó parte trabajó por garantizar los derechos de participación de la ciudadanía en el golpe, así como su libertad de expresión y de ideología.
En contraposición, la actuación del Ejecutivo del PP, hoy en funciones.
Para Homs, hay varias pruebas de ello, y ha citado dos: el criterio distinto entre la Junta de Fiscales en Cataluña, que no vio los delitos citados, y la Fiscalía General, lo que tuvo como colofón la dimisión de su anterior titular, Eduardo Torres Dulce.
O también las conversaciones grabadas entre el ministro Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude.
