Agencias – El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido asumir la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont, los 13 exconsejeros del ex Gobierno de la Generalidad de Cataluña cesado y los líderes rebeldes sediciosos los «Jordis» de ANC y Òmnium por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso separatista. Madrid (España), viernes 24 de noviembre de 2017. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 24.11.2017. En la imagen archivo el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido asumir la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont, los 13 exconsejeros del ex Gobierno de la Generalidad de Cataluña cesado y los líderes rebeldes sediciosos los «Jordis» de ANC y Òmnium por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso separatista. Archivo Efe.
De esta manera, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela seguirá investigando a partir de ahora a los Mozos de Escuadra, incluido al antiguo mayor Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, así como a otros miembros del Gobierno catalán de categoría inferior a los consejeros que pudieran ser investigados en el futuro.
En un auto, el magistrado acuerda así que la causa permanezca dividida, en contra de lo que quería la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y siguiendo también un criterio diferente al de la Fiscalía, que abogaba por que solo los no aforados se quedasen en la Audiencia.
Llarena cree que la investigación que hasta ahora llevaba Lamela contra el Gobierno catalán cesado y los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, está conectada con la causa que tiene abierta en el Supremo contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa (aforados todos menos uno) que con sus votos facilitaron el proceso separatista.
Esto es así porque, para Llarena, los hechos investigados de los diputados, del Gobierno catalán y de los «jordis» requieren de una «intervención coordinada de todos ellos», que «es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión», del que por ahora no están imputados Sánchez y Cuixart.
El magistrado reclama en el auto al juzgado de Lamela la parte de la causa relativa al Govern cesado y los «jordis», que queda incorporada a la suya contra los diputados.
Apoya su decisión en que la doctrina del Supremo establece que puede investigar a no aforados solo cuando «se aprecie una conexión material inescindible con los hechos investigados a las personas aforadas», cosa que ocurre en este caso.
Recuerda asimismo que la unificación del procedimiento «tiene una finalidad funcional concretada en la facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento».
En el presente caso, Llarena señala que uno de los delitos investigados es el de rebelión y que tiene un carácter «plurisubjetivo», es decir, que en él participa una pluralidad de personas, lo que marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto.
Sin embargo, el juez decide que la Audiencia Nacional se quede con parte de la investigación porque considera que en el caso de los Mozos no hay esa «conexión material inescindible».
Así, el juez destaca por un lado «la actuación de los miembros del Gobierno catalán y la de los presidentes de ANC y Òmnium, hasta el punto de que sólo la intervención coordinada de todos ellos es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión» y, por otro, la de los Mozos y de un conjunto de personas que han podido colaborar en la elaboración de las leyes cuestionadas, que se pueden examinar de manera autónoma.
El criterio seguido por ambos jueces ha sido diferente hasta el momento, ya que mientras Lamela envió a prisión a los nueve exconsejeros -entre ellos Oriol Junqueras- que acudieron a declarar a la Audiencia Nacional y emitió una orden de detención contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros que huyeron a Bélgica, Llarena puso fianzas a los seis diputados para salir de prisión.
De esta manera, a partir de ahora el Supremo investiga a un total de 22 personas, mientras que la Audiencia Nacional solo a 2, aunque es probable que esta última causa incorpore más investigados en un futuro.
