Agencias – El juez que ordenó ayer, miércoles 20 de septiembre de 2017, la operación policial por los preparativos del referéndum secesionista del uno de octubre de 2017 (1-O) investiga si el Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha destinado a la organización del 1-O las partidas presupuestarias de 6,2 millones de euros que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional. Barcelona (España), jueves 21 de septiembre de 2017. Fotografía: Los agentes de Mozos de escuadra escoltan a los vehículos de la Guardia Civil ayer durante el registro de la sede de la consejería de Exteriores. Efe.
En un auto de entrada y registro de la operación lanzada ayer, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona encarga a los guardias civiles que intervengan cualquier indicio sobre «actuaciones encaminadas al desarrollo de las Estructuras de Estado e independencia de Cataluña».
Concretamente, el juez busca documentación relacionada con las dos partidas presupuestarias, que suman 6,2 millones de euros, que fueron aprobadas el gobierno catalán para la celebración del referéndum y, posteriormente, suspendidas por el Constitucional.
