Efe – El Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga ha requerido al sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias que preste una fianza de 4.000 euros antes de pronunciarse sobre la admisión o no de su querella por estafa contra el diputado de Podemos Iñigo Errejón relativa a su contrato universitario. Málaga, 22 enero 2016. Fotografía: El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, durante la rueda de prensa ofrecida para explicar el acuerdo para formar los grupos en el Congreso de los Diputados, en Madrid. Efe.
En un auto, facilitado hoy a Efe por los querellantes, la magistrada dispone que se incoen diligencias previas y pide a Manos Limpias que en diez días subsane la falta de designación de procurador en el caso y deposite el referido importe, resolución contra la que se puede interponer un recurso de reforma.
En los razonamientos jurídicos del documento -fechado el pasado 16 de noviembre- se precisa que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», aunque no están determinadas «la naturaleza y circunstancias» ni los intervinientes.
La Universidad de Málaga abrió un expediente a Errejón -secretario de Política de Podemos- para determinar si incumplió su obligación laboral cuando participaba en un proyecto investigador y si vulneró la Ley de Incompatibilidades. A raíz de ello, la institución académica estableció el pasado año una propuesta al objeto de sancionarle con la inhabilitación para realizar trabajos de investigación tras rechazar sus alegaciones.
Aquel proyecto investigador lo dirigía como profesor de Economía Aplicada de la Universidad el ahora diputado y dirigente de Podemos Alberto Montero, al que también se le abrió expediente disciplinario y para el que se propuso un apercibimiento por falta leve. En el caso de Errejón, se planteó la inhabilitación para trabajar en la Universidad de Málaga en proyectos investigadores de similares características al que motivó el expediente.
El instructor del expediente argumentó que Iñigo Errejón cometió dos «faltas disciplinarias» por «no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas» establecidas en su contrato y «no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas desarrolladas durante su vigencia». La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, llegó a asegurar en su día que Errejón tendría que devolver el dinero que recibió para una tarea investigadora «si no ha trabajado o actuado correctamente».
El contrato de Íñigo Errejón con la Universidad era para el estudio «La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda» financiado por la Junta andaluza y se estipuló un sueldo de 1.825 euros al mes por 40 horas semanales.
Fue suspendido provisionalmente de empleo y sueldo por incumplir ese contrato como investigador externo tras la apertura del expediente a finales del 2014. Para su puesto se fijó un perfil que exigía ser doctor en Ciencias Políticas y a la convocatoria únicamente concurrió Errejón, que ganó el contrato en marzo del 2014.
