Efe – Cinco años antes, en 2011, cuando el número total de reclusos españoles en el extranjero ascendía a 2.519, los principales países eran Perú, con 266, Brasil (203), Francia (203), Colombia (200), Italia (214) y Marruecos (191). Madrid (España), miércoles 7 de junio de 2017. Fotografía: Un preso español habla por teléfono en 2009 en el penal Sarita Colonia de El Callao (Perú). Archivo Efe.
A 31 de diciembre de 2011, 2.519 españoles estaban presos en cárceles extranjeras, una cifra que cinco años después se había reducido casi la mitad, hasta los 1.328, según los datos del Ministerio del Interior.
El Gobierno ha ofrecido esa información en una respuesta a los diputados socialistas Guillermo Antonio Meijón, María Martín González y María Dolores Galovart, a la que ha tenido acceso EFE, quienes solicitaron información por escrito sobre el número total de españoles cumpliendo penas de prisión en otros países.
En ella, el Ejecutivo detalla la distribución de los reos por países y años -entre 2011 y 2016-, donde destaca el caso de Perú, el que mayor número acumula durante todo el periodo.
El país andino contaba en 2016 con 243 presos españoles en sus cárceles, de los 1.328 registrados por el Ministerio de Interior, seguido por Francia (188), Portugal (115), Alemania (97) e Italia (96).
Cinco años antes, en 2011, cuando el número total de reclusos españoles en el extranjero ascendía a 2.519, los principales países eran Perú, con 266, Brasil (203), Francia (203), Colombia (200), Italia (214) y Marruecos (191).
Son notables los descensos que se han producido en Argentina (de 153 a 18), Brasil (de 203 a 48), Colombia (de 200 a 58), Italia (de 214 a 96) o Marruecos (de 191 a 93).
En general, este evolución ilustra una doble tendencia. Por un lado, la reducción en el número total de presos españoles en el extranjero, que se ha ido produciendo paulatinamente durante los últimos cinco años, y, por otro, el cambio en la distribución geográfica de los mismos.
Javier Casado, director de la Fundación +34, dedicada a asesorar a los condenados en otros países y a sus familiares, considera que ambas pueden ser explicadas a través de los efectos que tuvo la crisis económica de 2008.
Casado señala a EFE que fue durante el periodo 2008-2010 cuando se produjo «un repunte» en el número de españoles procesados en el extranjero, especialmente en Suramérica, con causas relacionadas con el tráfico de drogas.
«En el 80 % de los casos los detenidos actuaban como mulas para redes internacionales de narcotráfico y, en su mayoría, no contaban con antecedentes penales en España», explica el director de la Fundación +34.
Según su opinión, estas mismas redes criminales utilizaban las «notificaciones públicas de embargo» para seleccionar a sus víctimas, trabajadores que acababan de perder «su casa, coche o empresa» y eran «presa fácil», a los que contactaban para ofrecerles la oportunidad de «entrar en el negocio».
Una vez convencidos, continúa, estas personas eran detenidas en los países de destino y debían permanecer entre «dos y tres años en prisión preventiva», a la espera de una condena en firme que les permitiese «solicitar el traslado y cumplir la pena en España».
«A partir de 2011, esta situación se revierte, gracias a que muchos de los detenidos entre 2008 y 2009 obtuvieron sus condenas y la crisis económica comenzó a remitir. Lo que significó menos detenidos, más puestos en libertad y más traslados» concluye Casado.
A su vez, cabe considerar otro de los factores que han determinado el alto número de españoles en cárceles extranjeras, sobre todo en América: la dificultad de tramitar el procedimiento de traslado.
En estos momentos, España tiene acuerdos con 96 Estados para permitir el traslado de reos, pero la aprobación de este tipo de procesos está aún supeditada a un gran cúmulo de factores.
Uno de los ejemplos más recientes fue el acuerdo al que llegaron el pasado mes de marzo el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, con su homólogo peruano, Ricardo Luna, para la repatriación de 30 presos españoles. La primera operación de ésta índole que se producía entre ambos países.
Este acuerdo fue necesario pese a que Perú había aprobado en 2016 un decreto por el que modificaba el procedimiento de extradición y traslado internacional de personas condenadas, con el deseo de descongestionar sus cárceles de extranjeros, convirtiéndolo en un proceso administrativo y no judicial.
En este sentido, organizaciones como la Fundación +34 defienden la necesidad de que se apliquen «soluciones globalizadas a un mundo globalizado» y que este tipo de procedimientos dejen de tratarse directamente «entre Gobiernos», abriendo «canales de diálogo más directos».
Por ello, celebran la aprobación en los parlamentos de comunidades como Canarias o Castilla-La Mancha de proyectos no de ley que instan a reconocer el papel que estas instituciones regionales tienen a la hora de «velar por la defensa de los derechos de sus ciudadanos en cárceles extranjeras».
Al tiempo que expresan su deseo de que en el futuro pueda existir a nivel internacional un modelo como el europeo, en el que «no es necesaria la presencia de Gobiernos centrales en el diálogo» y un «juez de Tenerife puede solicitar a uno de Turín el traslado directo de un preso».
