Agencias – En ello ha incidido el PP, que ha hecho público un comunicado en el que respeta pero no comparte la decisión porque cree que contradice la propia doctrina del tribunal y pone en evidencia el error al que induce la acusación popular «al hacer uso de alegaciones falsas y atribuir a Rajoy unas funciones que no correspondían a sus cargos y responsabilidades orgánicas». Madrid (España), martes 18 de abril de 2017. Fotografía: El presidente de Gobierno y del Partido Popular (PO), en una imagen archivo Efe.
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, está dispuesto a colaborar con la Justicia tras ser citado como testigo por el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Gürtel, una decisión en la que el PP ve «abuso de derecho» y tras la que la oposición ha pedido explicaciones al presidente.
Una vez que el tribunal que juzga la primera época del caso Gúrtel (1999-2005) ha hecho público que acepta la petición de la acusación popular Adade de citar como testigo a Rajoy, fuentes del Ejecutivo han subrayado que nunca comentan las decisiones judiciales y siempre las respetan.
De la misma forma, han asegurado que el Gobierno siempre ha estado dispuesto a colaborar con la Justicia «como no puede ser de otra manera» y Rajoy seguirá manteniendo esa misma actitud.
No obstante, desde el Gobierno se admite que ha sido «algo chocante» la decisión, cuando ya se había rechazado en dos ocasiones anteriores la citación de Rajoy como testigo, pero siempre insistiendo en el respeto a la actuación judicial.
En ello ha incidido el PP, que ha hecho público un comunicado en el que respeta pero no comparte la decisión porque cree que contradice la propia doctrina del tribunal y pone en evidencia el error al que induce la acusación popular «al hacer uso de alegaciones falsas y atribuir a Rajoy unas funciones que no correspondían a sus cargos y responsabilidades orgánicas».
Todo ello, junto al «proceso mediático» que estima que pretende seguir Adade, considera el PP que supone una situación de «abuso de derecho por cuanto una petición con clara intencionalidad política se enmascara bajo un interés jurídico inexistente».
Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP, ha abundado en esos argumentos, ha discrepado de la decisión, la ha considerado «excepcional» y ha augurado que no tiene ningún recorrido.
El PSOE, según ha expuesto su portavoz económico, Pedro Saura, ha considerado «normal y obvio» que Rajoy tenga que declarar como testigo.
«No olvidemos que la financiación ilegal del PP, que la caja B del PP es una asignatura pendiente de la democracia española y el señor Rajoy tendrá que dar explicaciones en los tribunales y también en el Congreso», ha señalado.
Uno de los candidatos a liderar el partido, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de esta noticia en su cuenta de Twitter dirigiéndose al jefe del Gobierno: «¿Para cuándo las responsabilidades políticas?».
También el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido la comparecencia de Rajoy en el Congreso (que su grupo ha pedido ya de forma conjunta con Compromís) después de una citación como testigo que ha dicho que tiene pocos precedentes en la historia judicial de España.
En su opinión, es también una prueba de que en España «existe una trama que vincula intereses políticos y económicos» y que se ven en la «financiación ilegal del PP».
Por parte de Ciudadanos, su portavoz, Inés Arrimadas, ha advertido de que si Rajoy resultara imputado por el caso Gürtel, pedirían su dimisión en cumplimiento del pacto de investidura.
No le ha extrañado que Rajoy haya sido citado a declarar «con la de casos de corrupción que tiene el PP» y entiende que, como presidente que es del partido, haya sido citado para «aclarar» estos hechos.
El Gobierno catalán también ha reaccionado ante esta decisión judicial, y ha sido su portavoz y consejera de Presidencia, Neus Munté, quien ha destacado la importancia de que se puedan clarificar los hechos de la trama Gürtel.
Mariano Rajoy declarará como testigo en el juicio de Gürtel
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarará como testigo en el juicio por la primera época de Gürtel después de que el tribunal de la Audiencia Nacional haya accedido a la tercera petición que en ese sentido ha hecho la acusación popular Adade.
El tribunal, que enjuicia la etapa de Gürtel entre 1999 y 2005, ha acordado la declaración de Rajoy por mayoría de dos magistrados contra uno, después de dos recesos y en contra del criterio de la fiscal Concepción Nicolás, la Abogacía del Estado y el PP.
Rajoy se suma así a los cerca de 300 testigos que han sido citados en el juicio. Entre ellos exdirigentes del PP como Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, miembros de la actual ejecutiva como Javier Arenas, o la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que comparecerá este mismo jueves.
Tanto el Ejecutivo como el PP han expresado su respeto a la decisión del tribunal y ha mostrado su disposición a colaborar con la Justicia.
La oposición, por su parte, ha pedido a Rajoy que dé explicaciones y que asuma responsabilidades.
Ahora, el tribunal tendrá que decidir de qué manera testifica el jefe del Ejecutivo, si lo hace de forma presencial ante el tribunal o por videoconferencia.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece en su artículo 702, a diferencia de en la fase de instrucción, en la que el presidente del Gobierno y los miembros de su Ejecutivo, entre otros cargos, deben declarar desde su despacho o su domicilio y pueden hacerlo por escrito, que una vez abierto juicio oral, «están obligados a declarar» y «lo harán concurriendo ante el Tribunal».
Pero añade en el siguiente artículo que su citación «se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo».
Además, esa misma ley abre una vía para que la declaración de Rajoy se realice por videoconferencia, por decisión del propio tribunal o a petición del citado, «por razones de utilidad, seguridad o de orden público» o cuando la comparecencia le «resulte gravosa o perjudicial».
De hecho, la misma Audiencia Nacional optó por la videoconferencia para tomar declaración en 2014 al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, entre otros altos cargos, en el juicio por el asedio al Parlament.
Pero Rajoy no podrá declarar por escrito, un instrumento reservado para la Familia Real y también para cargos como el presidente del Gobierno, pero en este último caso solo cuando se trate de hechos conocidos por razón de su cargo y Rajoy no era jefe del Ejecutivo entre 1999 y 2005.
Sea de un modo o de otro, Rajoy es el primer presidente del Gobierno central en ejercicio desde la instauración de la democracia llamado a declarar como testigo en un proceso judicial. Felipe González (en el juicio por el secuestro de Segundo Marey) y Adolfo Suárez (en el caso Banesto) testificaron siendo ya expresidentes.
Como «un día de júbilo» ha recibido la noticia el abogado José Mariano Benítez de Lugo, que representa a la acusación ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), cuya petición de que testifique Rajoy ha prosperado tras varios intentos fallidos.
Adade ha pedido cuatro veces la citación de Rajoy como testigo, una en fase de instrucción y tres desde que se abrió el juicio oral con 37 acusados por los presuntos delitos cometidos por la red Gürtel entre 1999 y 2005.
Esa acusación ha insistido al considerar que Rajoy fue vicesecretario general del partido y «responsable de asuntos electorales» entre 1990 y 2003, pero la fiscal, a cuyos argumentos se ha adherido la Abogacía del Estado, se ha opuesto por tercera vez por «innecesaria, prescindible y reiterada» a la testifical.
Por su parte, el abogado del PP Jesús Santos ha tildado la petición de que declare Rajoy de «diligencia perturbadora» y ha denunciado la actividad «espuria» de Adade por atribuir al presidente del gobierno cargos orgánicos en su partido que nunca han existido como el de «responsable de asuntos electorales».
Pero, finalmente, el tribunal, ocho meses después del comienzo del juicio y en la sesión número 62, ha aceptado que el presidente del Gobierno se sume a la lista de testigos del caso.
