Lasvoceseelpueblo y Agencias – El TC, además, ha apercibido a los ya citados, pero también al presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y a los miembros de su Gobierno catalán, de que, si convocan un referéndum incumpliendo su resolución, incurrirán en posibles responsabilidades penales. La decisión del Alto Tribunal de España ha sido por unanimidad. El Tribunal Constitucional (TC) anula la convocatoria del referéndum separatista en Cataluña y pide a la Fiscalía General del Estado que presente una querella penal contra la actual presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y toda la Mesa del Parlamento de Cataluña, quedan excluidos los diputados del PSOE y Ciudadanos C’s, quienes denunciaron el fraude del Parlamento. Madrid (España), martes 14 de febrero de 2017. Fotografía: Fachada del Tribunal Constitucional. Archivo Efe.
Será la segunda denuncia penal por parte del TC contra Forcadell y también la segunda querella del fiscal contra ella, a la que ya acusó de desobediencia al TC y prevaricación al permitir votar la hoja de ruta separatista.
Además, notifica la resolución personalmente a la presidenta de la cámara y demás miembros de la Mesa, pero también al presidente de la Generalidad de Cataluña y a los demás miembros de su Gobierno «con la advertencia de abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento» a la resolución anulada.
El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad anular la resolución para convocar un referéndum separatista en Cataluña y denunciar ante el fiscal a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros separatistas de la Mesa, por haberle desobedecido al aprobar dicha convocatoria.
De manera exacta, lo que el Constitucional ha hecho ha sido aceptar el incidente de ejecución que le planteó el Gobierno contra la resolución del Parlament que preveía la futura convocatoria de una consulta separatista, resolución que ya había suspendido cautelarmente y que ahora anula de manera definitiva.
En el planteamiento del incidente, el Gobierno del presidente Mariano Rajoy ya pedía que se denunciara a los responsables de la resolución, petición que también hizo el fiscal y que ha adoptado el TC.
Y, así, aunque el TC no entra a decir si existe o no delito, a raíz de su «deducción de testimonio», el fiscal presentará una querella, en los próximos días, con toda probabilidad, contra Forcadell y contra los miembros de la Mesa afectados: Lluis Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet Y Ramona Barrufet.
Será la segunda denuncia penal por parte del TC contra Forcadell y también la segunda querella del fiscal contra ella, a la que ya acusó de desobediencia al TC y prevaricación al permitir votar la hoja de ruta separatista.
El TC, además, ha apercibido a los ya citados, pero también al presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y a los miembros de su Gobierno catalán, de que, si convocan un referéndum incumpliendo su resolución, incurrirán en posibles responsabilidades penales.
Literalmente, el pleno ha acordado «deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder» a los ya citados.
Considera que podrían haber incumplido «el mandato» de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dice que «todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva».
En otras palabras, ha denunciado ante el fiscal una posible desobediencia a sus sentencias por parte de los responsables públicos del Parlamento de Cataluña antes citados.
Junto a ello, ha anulado, por ser contrarias a la Constitución, los apartados de la resolución 306/XI del Parlament titulados «Referéndum» y «Proceso Constituyente», incluidos en el título «El futuro político de Cataluña».
Además, notifica la resolución personalmente a la presidenta de la cámara y demás miembros de la Mesa, pero también al presidente de la Generalidad de Cataluña y a los demás miembros de su Gobierno «con la advertencia de abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento» a la resolución anulada.
Asimismo, les advierte «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de los apartados» de la resolución del Parlamento de Cataluña declarados inconstitucionales.
De no hacerlo, les señala el TC, podrían incurrir en responsabilidad penal.
El alto tribunal suspendió cautelarmente, el pasado 14 de diciembre, la resolución del Parlamento de Cataluña que prevé un referéndum en 2017, al admitir a trámite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno en contra de aquella decisión.
En aquel trámite, el TC pidió alegaciones al ministerio público y a los afectados, es decir, Carme Forcadell, como presidenta del Parlament, y los miembros de la Mesa que tramitó la convocatoria.
El fiscal pidió al TC que promoviera acciones penales contra los citados. Por su lado, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y los otros cuatro diputados separatista de la Mesa de la cámara (quedan excluidos el representante del PSC y el de Ciudadanos) alegaron que, si se les obliga a «censurar» resoluciones por su contenido separatista, «la democracia desaparece».
