Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Huesca (Aragón) España, jueves 23 de noviembre de 2017. El presidente de Gobierno Mariano Rajoy tampoco quiere cumplir la Ley en Cataluña pese a la sentencia firme del Tribunal sobre la mesa del Gobierno de Rajoy en Cataluña. El juez de Huesca: «Con su resultado -agrega el auto- se acordará lo procedente, incluso el retorno de los bienes a cargo de los agentes de la autoridad (Policía Nacional o Guardia Civil) y técnicos del Gobierno de Aragón si lo que viene acordado en el presente procedimiento no se cumpliere».
El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca no descarta enviar a la policía judicial a por los bienes del Real Monasterio de Santa María de Sigena —(también Sixena y Sijena), un monasterio español del siglo XII situado en el término municipal de Villanueva de Sigena (Monegros, Huesca) hecho construir por Sancha de Castilla (reina consorte de Alfonso II de Aragón)1 como monasterio destinado a religiosas hospitalarias— robados por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y guardados en el Museo de Lérida, a la espera de una respuesta del ministro de Cultura y deporte y portavoz del Gobierno de España, Íñigo Méndez de Vigo Montojo, al requerimiento que le fue hecho para ejecutar la sentencia que ordena la devolución de las piezas.
Así consta en un auto hecho público hoy por el responsable judicial en respuesta al requerimiento hecho por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena para instar que se realicen las actuaciones acordadas días atrás para instar al ministro, bajo el amparo del artículo 155 en Cataluña, a garantizar la ejecución de la sentencia.
En su auto, el juez argumenta estar a la espera de la recepción de una contestación por parte del ministro como titular provisional de la consejería de Cultura de la Generalidad, del ministerio de cultura del gobierno de España del presidente Mariano Rajoy, así como de lo solicitado a la policía para preparar el operativo de búsqueda y retorno de las piezas.
«Con su resultado -agrega el auto- se acordará lo procedente, incluso el retorno de los bienes a cargo de los agentes de la autoridad (Policía Nacional o Guardia Civil) y técnicos del Gobierno de Aragón si lo que viene acordado en el presente procedimiento no se cumpliere».
El letrado de Sijena, Jorge Español, ha calificado, en un comunicado, de «importantísima» la resolución judicial que acuerda la ejecución inmediata de la sentencia, incluso sin una respuesta previa del ministro.
Según el abogado, la decisión del magistrado está vinculada con las «sorprendentes» declaraciones hechas por el ministro al recibir el requerimiento de judicial alegando que debía de estudiar su contenido antes de dar una respuesta.
Una respuesta, subraya Español, que se ha producido en forma de recurso elaborado por los servicios jurídicos de la Generalidad y del Museo de Lérida contra la providencia que implica al ministro de Cultura en la ejecución de la sentencia y que solicita la intervención policial en el rescate de las 44 piezas reclamadas.
El letrado ha explicado que en el auto, el magistrado se muestra a la espera de una «pronta respuesta» por parte del ministro, «advirtiendo que si no es satisfactoria, el juzgado mandará ya a la policía judicial al Museo de Lérida de forma inmediata y forzosa».
En su comunicado, Jorge Español advierte de las posibles «responsabilidades personales» del ministro, y recuerda que sus dos «antecesores» al frente de la consejería de Cultura de la Generalidad, Santi Vila y Lluis Puig, están encausados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un presunto desobediencia en relación a la orden de ejecución de la sentencia.
Lamenta, además, las afecciones causadas a la «imagen pública» del ministro a raíz de la iniciativa de los servicios jurídicos de la Generalidad y del Museo de Lérida de recurrir la providencia que le requiere a facilitar la devolución de los bienes.
Insiste en que, en contra de lo afirmado por Méndez de Vigo de circunscribir el litigio a un tema «controvertido entre dos comunidades autónomas, la ejecución de la sentencia que ordena devolver los bienes en una cuestión de estado de derecho que compete a la administración central.
A su juicio, la decisión del ministro «no casa muy bien con su supuesto ánimo de cumplir la orden judicial, porque, en este asunto está ya todo discutido y lo único que hace falta es obedecer y cumplir».
