Ana Martín Plaza (RTVE) – El juez mantiene la causa contra los expresidentes de Andalucía y pide el suplicatorio [PDF] para Chaves, Zarrías y Viera e inculpa a Griñán [.PDF]. Además, Ve «incoherente» que el «sistema ilegal» no fuera conocido por la «pirámide». Pero, exculpa a la exconsejera y actual senadora Mar Moreno. El juez que investiga en el Tribunal Supremo el caso de los ERE mantiene la causa contra los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán al estimar que existen indicios de presunta prevaricación administrativa, aunque todavía no les imputa formalmente este delito, según han explicado fuentes del alto tribunal a RTVE.es.
El instructor, Jorge Barreiro, considera «inverosímil» que no conocieran los informes de la Intervención General de Andalucía que alertaron durante años sobre el «sistema ilegal» de ayudas socioeconómicas puesto en marcha en 2000, en contra de lo que defendieron en sus declaraciones judiciales. Barreiro ve además «incoherente» que este procedimiento fuera conocido por cargos intermedios y no por la «pirámide» de la Junta como si hubiera una «especie de complot» de altos funcionarios para «ocultar» lo que estaba pasando.
El juez ha tomado decisiones en dos sentidos para continuar con la instrucción del caso, según explica Europa Press. Por un lado, el magistrado ha reclamado en una exposición razonada [.pdf] el suplicatorio al Congreso de los Diputados para inculpar por este delito a Chaves y a los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías y José Antonio Viera -en el caso de este último aprecia también indicios de malversación de fondos públicos. Los tres han renunciado a sus actas como diputados tras conocerse la decisión del Supremo.
Por otra parte, el juez eleva a través de un auto [.pdf] los indicios contra Griñán como «coautor» de un delito de prevaricación administrativa y solicita seguir la investigación junto a la de los otros tres exdirigentes andaluces a pesar de que ya no es aforado. El instructor, por último, inculpa a la senadora y exconsejera Mar Moreno, la quinta aforada nacional del PSOE que estaba imputada por el Supremo. En sus escritos, el juez hace acusaciones tan directas como que los implicados «cebaron sin descanso la partida de los ERE», citando las palabras textuales que utilizó el exinterventor de la Junta Manuel Gómez en su declaración ante el Supremo.
Básicamente, señala el instructor según Efe, la ilegalidad consistía en ocultar a través del mecanismo de transferencias de financiación lo que en realidad eran subvenciones, las cuales están sometidas a controles legales que, mediante el mecanismo citado, se eludían.
Indicios «suficientes» de que Chaves conocía el «sistema ilegal»
En la exposición razonada en la que pide el suplicatorio para los actuales diputados, el juez sostiene que Chaves «contribuyó a materializar el otorgamiento de ayudas/subvenciones a sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales» a través de las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno y también mediante los proyectos de ley de presupuestos.
El instructor ve indicios «suficientes» de que sí conocía el «sistema ilegal» que la Consejería de Empleo puso en marcha en el año 2000 a pesar de que en su declaración ante el Supremo lo negó. El juez se basa en la declaración ante la juez Mercedes Alaya del exconsejero Antonio Fernández, que manifestó su «convicción de que el expresidente» sí lo conocía, y en los informes del interventor general de Andalucía sobre las irregularidades.
El juez Barreiro subraya que «resulta incoherente» que el sistema que se implantó en el año 2000 «fuera conocido por los viceconsejeros, los directores generales y los subdirectores de varias consejerías y, en cambio, no lo conocieran los integrantes de la cúpula de la pirámide» de la Junta de Andalucía como si hubiese un «cortafuegos» que permitiera la comunicación como si hubiera un «pacto de silencio» de los funcionarios respecto a los cargos públicos. Una situación que lindaría, según el juez, con «lo absurdo y lo inexplicable».
El juez ve a Griñán como coautor de un delito de prevaricación
El magistrado incide en esta misma idea en el auto sobre Griñán: «De acogerse a la versión del imputado, en la Junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios (de las viceconsejerías hacia abajo) que estarían realizando una especie de complot o de «conspiración del silencio» dentro de las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda e Innovación, para ocultar a sus respectivos consejeros los informes relevantes y alarmantes» sobre las transferencias de financiación.
El instructor ve indicios de un posible delito de prevariación administrativa como coautor en José Antonio Griñán, que según el juez, «conocía que las transferencias de financiación se estaban utilizando como sistema descontrolado e ilegal para la concesión de subvenciones. Según informa Efe, el juez recuerda que desde la Intervención General de Andalucía «se advirtió» a Griñán «no de meras irregularidades en la tramitación y control de las subvenciones por el sistema de transferencia de financiación, sino de auténticas ilegalidades.
