Agencias – Los Mozos de escuadra tienen encargada la seguridad del Palacio de Justicia, pero la misma ley no prohíbe la intervención de los cuerpos estatales cuando «lo estimen necesario las autoridades estatales competentes» e insta a los cuerpos policiales a colaborar, aunque siempre prevalecerá el mando de un cuerpo estatal por encima de un autonómico. Barcelona (España), jueves 30 de noviembre de 2017. Fotografía: MANRESA (ESPAÑA), 12.11.2017. Dos mujeres catalanas salen de su silencio y españolizan a los furgones de Mozos de Escuadra, la policía del ‘régimen totalitario’ invasor de Cataluña (Gobierno separatista de la Generalidad), la manifestación en Plaza de España de Manresa. Más de 4 mil personas claman en Manresa contra la invasión separatista que intenta acabar con España desde sus ciudades y municipios en la región catalana. Con banderas de España y de Cataluña, la gente de Manresa ha dado hoy una lección de democracia al resto de las ciudades de España ante el cáncer «terrorista» del separatismo. Lasvocesdelpueblo.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha ordenado que la policía española retire su vigilancia del Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSJC y de la Audiencia, en el paseo Lluís Companys, después de que el pasado 6 de octubre lo ordenara para preservar la integridad del edificio y el normal funcionamiento de la institución ante una posible Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DUI).
De este modo, la seguridad de la instalación vuelve a estar en manos exclusivas de los Mozos de Escuadra, que durante las últimas semanas lo habían compartido con policías nacionales.
En un escrito de este miércoles, Barrientos ordena que este viernes se retiren los efectivos de la policía española desplegados, y que el 2 de diciembre ya sean los Mozos que se hagan cargo en exclusiva de la seguridad.
La orden dirigida al jefe superior de la policía española en Cataluña y el comisario jefe de los Mozos, así como a los jefes de las unidades policiales correspondientes, en la Sala de Gobierno del TSJC y al Consejo General del Poder Judicial.
Con un reconocimiento al «cumplimiento escrupuloso» de la misión encargada a la Policía Nacional, Barrientos dice que las razones que llevaron a adoptar aquellas medidas de seguridad han «perdido vigencia», debido al «nivel de contención actual de los riesgos de alteración de la legalidad constitucional y de afectación del servicio público».
Esto conlleva «devolver al ordinariedad» y hacer plenamente efectiva la competencia exclusiva de los Mozos en materia de vigilancia de edificios judiciales que «habían realizado de manera eficaz».
Hasta ahora, ambos cuerpos se han hecho visibles dentro y fuera del edificio.
En su orden del 6 de octubre, Barrientos aseguraba que «la decisión obedece a la previsión de extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento ante la posibilidad de que el Parlamento de Cataluña decida «aplicar la Ley de Transitoriedad, que prevé la sustitución del TSJC por el Tribunal Supremo de Cataluña, así como la elección de una nueva cúpula judicial..
«El presidente del TSJC entiende que la coordinación de ambos cuerpos policiales puede preservar de forma más eficaz la legalidad constitucional», asegura el comunicado.
Por tanto, desde este lunes y de acuerdo con esta decisión, la vigilancia del Palacio de Justicia es compartida por ambos cuerpos policiales bajo el «mandamiento» de la policía española. un escrito de cinco páginas, Barrientos recordaba que la ley protege los jueces y magistrados que «se consideren inquietados o perturbados en su independencia» y les permite tomar las decisiones oportunas para «asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico».
Como la Ley de Transitoriedad «regula y desarrolla un poder judicial que ignora la previsión constitucional» y «se constata la determinación» del Gobierno catalán por hacer la aplicación efectiva de esta ley suspendida por el Tribunal Constitucional, Barrientos creía que esto «perturba invariablemente la integridad del TSJC y la independencia de los magistrados que lo integran, incluido su presidente, en la medida en que llevan a su desaparición y comprometen la función jurisdiccional que ejercen».
El presidente del TSJC también recordaba que la Ley de Fuerzas y cuerpos de seguridad encarga a la Guardia Civil ya la policía Nacional la vigilancia y protección de los edificios públicos que lo requieran y velar por la protección y seguridad de altas personalidades.
Los Mozos tienen encargada la seguridad del Palacio de Justicia, pero la misma ley no prohíbe la intervención de los cuerpos estatales cuando «lo estimen necesario las autoridades estatales competentes» e insta a los cuerpos policiales a colaborar, aunque siempre prevalecerá el mando de un cuerpo estatal por encima de un autonómico.
Por todo ello, y para «preservar la integridad del poder judicial y el normal funcionamiento del TSJC, la independencia de todos los magistrados que lo integran y el ordinario cumplimiento de sus deberes jurisdiccionales», ordenaba al jefe de la policía Nacional en Cataluña que «destaque y despliegue dentro del Palacio de Justicia, así como el entorno y perímetro si fuera necesario, los efectivos de la policía nacional que se estimen imprescindibles para que preserven la seguridad del edificio, el normal funcionamiento del TSJC y la ordinario cumplimiento de sus deberes judiciales para todos sus integrantes».
Este trabajo debe hacerse con «colaboración de los Mozos, pero bajo el mando de quien dirija la unidad de la Policía Nacional desplegada», concretaba Barrientos.
