Agencias – Indicó que entregarán informes sobre los graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad para que la Jurisdicción Especial de Paz «produzca resultados concretos frente a los actores de esos graves crímenes» y confirmó que 400 personas de su despacho trabajan «para estar en punto» para el inicio de ese mecanismo. Bogotá (Colombia), jueves 6 de abril de 2017. Fotografía: En la imagen, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez. Archivo Efe.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dijo este miércoles 5 de abril de 2017 que el cierre del conflicto armado en su país «tiene que hacerse sin impunidad».
En este sentido, aseguró que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) creada como parte del acuerdo de paz con las FARC «no es sinónimo de impunidad».
La JEP, columna vertebral del acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado.
Se basará para ello en las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI).
Martínez indicó que entregarán informes sobre los graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad para que la Jurisdicción Especial de Paz «produzca resultados concretos frente a los actores de esos graves crímenes» y confirmó que 400 personas de su despacho trabajan «para estar en punto» para el inicio de ese mecanismo.
El jefe de organismo investigador destacó como otro de sus compromisos que la paz «tiene que llegar al territorio».
En ese contexto, aseguró que están trabajando con sus seccionales para identificar «los nuevos comportamientos criminales» que se registran en los territorios de los que salieron las FARC a raíz del acuerdo de paz.
«Estamos tomando la temperatura de lo que está pasando directamente en la región para tomar decisiones», agregó.
Martínez se comprometió asimismo a «impedir a toda costa que haya una afectación de líderes de derechos sociales, de líderes de derechos humanos», para lo cual acordaron con las Naciones Unidas «un inventario de casos desde el 2016 hasta la fecha».
«Tenemos 86 casos de afectaciones, de crímenes contra líderes sociales que implican una acción de la justicia para identificar la autoría de esos crímenes», sostuvo.
El alto funcionario resaltó que están llegando a una tasa de imputación «del orden del 40 %», porcentaje que consideró «no tiene antecedente en la historia investigativa del país» y constituye «un mensaje contundente» para las organizaciones criminales de que «el que la hace la paga en Colombia».
El fiscal general aclaró por otra parte que el acuerdo de paz «establece claramente que la justicia ordinaria debe seguir operando», lo que, apuntó, significa que su despacho no suspende los procesos de investigación, de acusación ni los procesos penales.
«Las investigaciones han continuado, ese es un mensaje muy importante que quiere dar la Fiscalía General de la Nación», puntualizó Martínez, al anunciar que sobre la investigación conocida en su país como «falsos positivos» o de ejecuciones extrajudiciales ya han practicado 50.000 pruebas.
«En Colombia va a haber justicia», concluyó.
