Lasvocesdelpueblo y Agencias – El consejero de Justicia del Gobierno d ela Generalidad de Cataluña, el separatista Carles Mundó, ha calificado este viernes, 8 de septiembre de 2017, de «represión y abuso del derecho» la respuesta de la Fiscalía a la aprobación de la ley del referéndum unilateral y los decretos de convocatoria y normas complementarias para su celebración, que han sido suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Barcelona (España), sábado 9 de septiembre de 2017. Fotografía: El presidente de ERC, vicepresidente del Gobierno catalán y consejero de Economía, Oriol Junqueras (i), junto al consejero de Justicia del Gobierno catalán, Carles Mundó (d). Archivo Efe.
Durante el acto de entrega del primer certificado de anulación de los juicios del franquismo, Mundó ha asegurado que «no es sorpresa ver que el Gobierno y las instituciones del Estado tienen como respuesta delante de una cuestión política la represión y el abuso del derecho y de las instituciones».
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció ayer la presentación de una querella contra el presidente de la Generalidad de Cataluña y el resto de los miembros del Gobierno catalán por firmar el decreto de convocatoria de un referéndum para separar Cataluña del resto de España el domingo 1 de octubre de 2017 (1-O), que se suma a otra contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña.
Además, el fiscal general dio instrucciones a las fiscalías catalanas para que, con auxilio de los cuerpos de seguridad (Mozos, Guardia Civil y Policía Nacional), investiguen las actuaciones dirigidas a la celebración del referéndum en Cataluña por ser constitutivas de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación «al menos».
«Desde el punto de vista democrático es preocupante que el Estado se dedique a perseguir más de mil cargos públicos y electos. Es un elemento de preocupación que pone de relieve la debilidad de la calidad democrática del Estado», ha señalado Mundó.
El consejero de Justicia de la Generalidad de Cataluña, además, ha recordado que «el propio Código Penal establece que la convocatoria de un referéndum (separatista) no es ningún delito» y ha criticado que la reacción del Gobierno «a una acción política» sea la persecución de cargos públicos.
