Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Canal de Isabel II (CYII), una empresa hidráulica de gestión pública en la capital del país, dependiente directamente del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 1984 y cuyos 2.200 trabajadores cumplen con el objetivo de realizar todos los trabajos que conlleva el ciclo del agua, además, del mantenimiento de la calidad y seguridad en el servicio a los madrileños de la mayor pagó la «facturación ficticia» a las empresas del imputado en la trama Púnica Alejandro de Pedro (Eico y Madiva) por sus trabajos de reputación en internet para mejorar la imagen de altos cargos políticos del Gobierno de Madrid como: Ignacio González González, el ex-secretario general del Partido Popular (PP) en Madrid y expresidente de Madrid, tras la dimisión de Esperanza Aguirre, según consta en el sumario sobre la trama corrupta Púnica sobre el que se ha levantado el secreto de sumario este jueves. Barcelona, 19 de febrero 2016. Fotografía: El ex-secretario general del PP de Madrid y expresidente de la Capital de España, Ignacio González González, durante un acto del PP. Lasvocesdelpueblo.
Así se desprende de la declaración que prestó el 27 de octubre de 2014 ante la Guardia Civil el hermano de Alejandro de Pedro, Adrián de Pedro, quien señaló que «la facturación ficticia que se está pagando de Eico y Madiva se está haciendo a través del Canal de Isabel II», según consta en los tomos del sumario.
El propio instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, señaló en un auto del pasado 25 de junio (que se conoce ahora) que los pagos ordenados por el entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria con dinero en efectivo por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, lo eran «sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid».
La encargada de facturación de dichas mercantiles, Guadalupe Caballero, también mencionó en la declaración que prestó en calidad de testigo el 5 de febrero de 2015 que Alejandro De Pedro le pidió anotar «a cuenta de la deuda con la Comunidad de Madrid» que se han abonado 14.000 euros. En esa comparecencia, señaló que «la deuda que tenían las empresas de De Pedro con la Comunidad de Madrid de 140.000 euros le indicaron que la iba a pagar el Canal de Isabel II», añade.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco subrayó en un auto dictado el pasado junio que el exconsejero madrileño Salvador Victoria ordenó pagar a De Pedro y los traspasos de efectivo se realizaron «por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid».
De hecho, la Guardia Civil preguntó en octubre de 2014 al experto en redes sociales, Alejandro de Pedro, por los tres sobres con 82.500 euros que habían sido localizados en su domicilio, dentro de dos chaquetas. El respondió que 2.500 euros, en billetes de cincuenta, procedían de un supuesto pago que le había hecho Indra y el resto eran ahorros suyos y de su mujer.
Además, explicó que el que fuera consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás, le indicó que parte de la deuda que el Ejecutivo regional tenía con sus empresas, que ascendía a 140.000 euros, se haría a través de Indra. En este sentido, mostró su «sorpresa» por el hecho de que una persona de dicha mercantil le entregó un sobre con 10.000 euros en un vehículo en La Moraleja sin entregarle factura alguna.
También en el marco de la investigación de la trama Púnica, según consta en un auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Valdemoro pagó mediante una sociedad instrumental un 2% del contrato de eficiencia energética (que ascendía a 60,8 millones de euros) suscrito con la empresa Cofely al cabecilla de la trama Púnica y socio del exconsejero madrileño Francisco Granados, David Marjaliza.
El auto del juez rechaza el sobreseimiento de la causa para el exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga (desde 2011 hasta su detención en octubre de 2014) y que aparece en los tomos del sumario de la trama Púnica a los se ha levantado el secreto.
Para desestimar el recurso, el juez recuerda que se está investigando un contrato de eficiencia energética adjudicado a la multinacional francesa Cofely, el 5 de diciembre de 2013 por 60’8 millones de euros, del que se destinó un 2% de su importe anual (4 millones de euros) a la confección de un estudio de consultoría por la entidad Rural Energética.
Ese estudio fue adjudicado por el Ayuntamiento «a los solos efectos de instrumentar (…) una distracción de caudales públicos, articulando un flujo de fondos desde el Ayuntamiento» a dicha empresa, que en realidad es una sociedad instrumental de la trama societaria de Marjaliza. Los investigadores sospechan que esos informes eran en realidad elaborados por la propia Cofely, que también subcontrataba a otras empresas de obras y reformas de la misma trama de David Marjaliza.
Por este y otros contratos (como con Waiter Music o el de depósitos de ropa usada), Velasco constata que en la etapa de Boza «continuaron las prácticas irregulares en materia de contratación administrativa que se habían detectado en etapas anteriores».
«Los indicios apuntan no a malas praxis administrativas sino a comportamientos de corrupción por favorecer el clientelismo de un determinado grupo empresarial local a quien se le prestaba un trato preferencial, gestionando a su dictado los expedientes de su interés y removiendo los obstáculos burocráticos en los distintos departamentos del Ayuntamiento», destaca el auto.
Con estas referencias, el juez entiende que Boza integraba «una trama de corrupción liderada por los ediles municipales del Ayuntamiento de Valdemoro y un grupo de empresarios locales que han incurrido indiciariamente en hechos delictivos de cohecho, malversación de caudales, falsificación, revelación de secretos, fraudes y exacciones ilegales, prevaricación, blanqueo y organización criminal».
La existencia de una organización criminal se basa, según el juez, en el cumplimiento de una serie de requisitos: «colaboración de dos o más personas, búsqueda de beneficios de poder, permanencia en el tiempo y sospecha de comisión de delitos graves».
Otros indicadores de organización criminal, dice el juez, podrían ser «un reparto de tareas específicas entre los miembros, existencia de mecanismos de control y disciplina interna, empleo de corrupción política, de medios de comunicación o justicia, actividad internacional, empleo de violencia e intimidación, empleo de estructuras comerciales y económicas y participación en blanqueo de capitales».
Según consta en el sumario del caso Púnica, cuyo secreto ha levantado el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, los suegros del exconsejero y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados aseguraron al juez no haber visto «en su vida» el maletín con casi un millón de euros que la Guardia Civil encontró durante un registro en un altillo del armario de su habitación y cuya procedencia desconocían.
Los dos parientes de Granados, acusados de colaboración en ocultación y blanqueo de capitales, insistieron en que no tenían conocimiento del maletín hallado en su domicilio por los agentes de la Guardia Civil.
En su relato ante el juez, el suegro afirma desconocer quién lo había colocado en su habitación. «En mi dormitorio entra tal cantidad de gente (…) Fontaneros, de Ikea a poner un armario… Yo no puedo estar todo el día», asegura el acusado. También considera que no cree que sean «tan retorcidos» como para habérselo colocado allí: «Yo no pienso que ni mi yerno ni mi hija sean capaces de hacerse esa faena».
Por su parte, la suegra de Granados, a la que también se le imputa colaboración en la ocultación del dinero, insiste en reiteradas ocasiones en que desconoce la procedencia del dinero. «Como hay Dios que yo de esas cosas no tengo ni… Estuve sentada todo el tiempo en el sofá… Uno de los señores que iba me dijo si tenía una llave… No lo he visto en mi vida», cuenta la mujer.
