Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Ministerio de Hacienda del Gobierno de España controlará el uso de las tarjetas de crédito por parte de altos cargos del Gobierno de la Generalidad de Cataluña del presidente Carles Puigdemont, a fin de que no puedan emplear dinero en el referéndum separatista del 1 de octubre. Madrid (España), lunes 18 de septiembre de 2017. Fotografía: CATALUÑA (ESPAÑA), 25.08.2017. Parlamento de Cataluña, 25.08.2017. Primera fila el Gobierno catalán con el vicepresidente y consejero de Economia y Hacienda, Oriol Junqueras (i), y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont (d), junto a los cargos y consejeros del Gobierno catalán en segunda fina y a la derecha. En el fondo, el Gobierno municipal de Barcelona con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (3ª a la izd), homenajean a la víctimas de los atentados terroristas islamistas. Lasvocesdelpueblo.
Técnicos del ministerio que dirige Cristóbal Montoro se han reunido con representantes de los bancos para informarles del mecanismo de control de los pagos en Cataluña, después de que el Gobierno asumiera el control de los gastos esenciales de la Generalidad por su negativa a remitir un informe semanal sobre el destino de sus recursos.
El Ejecutivo dio un plazo de 48 horas, que vence mañana, para que la Generalitat le enviara el acuerdo de no disponibilidad de su presupuesto, que no afecte a servicios fundamentales.
La Generalidad ya ha recurrido el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes para impedir la intervención de sus cuentas, pero al no haber solicitado medidas cautelarísimas el Tribunal Supremo no se verá obligado a pronunciarse en los próximos días.
Fuentes del Supremo han recordado que ese trámite obliga a dar traslado a las partes para que presenten alegaciones y que, en el caso de la parte demandada -la Abogacía del Estado-, ese plazo es diez días.
Si el Gobierno catalán de Carles Puigdemont hubiera solicitado una suspensión cautelarísima, el Supremo se habría visto obligado a resolver en un plazo de 48 horas, con lo que existiría la opción de de frenar de inmediato el acuerdo del Ejecutivo central.
Protección de Datos investiga si se ha producido un acceso ilícito a los datos de los españoles para el censo del 1-O
Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto actuaciones previas de investigación para averiguar si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral catalán para el 1-O.
Una de las propuestas del día ha sido la idea de Podemos, Cataluña en Común, IU y En Marea de convocar una «asamblea extraordinaria» de alcaldes, parlamentarios y cargos públicos de todas las fuerzas democráticas para hacer frente común contra las medidas del PP en su intento de frenar el referéndum.
La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ya ha dado la «bienvenida» a la propuesta, aunque ha pedido más concreción para poder decidir su grado de implicación.
Otro de los focos de atención ha sido el debate sobre la aplicación o no del artículo 155 de la Constitución, que abre la puerta a la retirada de competencias de la Generalidad de Cataluña.
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La dirección del PSOE no contempla la aplicación de este artículo, según indicado fuentes de la dirección del partido, después de que su portavoz federal, Óscar Puente, eludiera en rueda de prensa pronunciarse sobre la conveniencia de aplicar ese precepto constitucional, algo que sí fue descartado el pasado mes de julio por la portavoz parlamentaria, Margarita Robles.
Tras escuchar a Puente, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha celebrado que el PSOE no «demonice» la posibilidad de que el Gobierno recurra al artículo 155 en Cataluña.
El PSC, por su lado, ha recomendado a los ciudadanos que denuncien ante la justicia si son llamados a formar parte de mesas del referéndum o si los funcionarios reciben requerimientos para formar parte del operativo.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha cargado contra el presidente del PPC, Xavier García Albiol, por no querer apoyar su moción de censura contra Puigdemont, y le ha acusado de ser «desleal» con sus votantes.
García Albiol, a su vez, ha advertido de que son los independentistas los que «suspenden la autonomía» anulando el Parlament y ha pedido a los dirigentes del PDeCat disconformes con el rumbo soberanista que «levanten la voz».
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La diputada de las CUP Eulàlia Reguant ha acusado al Gobierno de estar suspendiendo la autonomía de Cataluña «por la puerta de atrás» con la intervención de las finanzas de la Generalidad de Cataluña.
Mientras tanto, la defensa de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la admisión a trámite de la última querella de la Fiscalía por permitir que la cámara aprobara la ley del referéndum.
El TSJC ha acordado investigar a los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por un delito de desobediencia y descartar los de prevaricación y malversación.
Un total de 37 alcaldes catalanes han sido citados en los próximos días ante la Fiscalía para ser interrogados como investigados por facilitar locales para el 1-O, pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).
Los alcaldes han sido citados a declarar entre mañana -así lo harán los de Mollerusa, Oliana y El Puente de Suert- y el próximo lunes en las fiscalías territoriales de Tarragona, Lérida, Gerona y Barcelona y, en el caso de los diputados del Parlamento de Cataluña aforados, en la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña.)
