Imputan dos altos directivos de Iberpotash y tres de la Generalidad de Cataluña por un presunto delito de prevaricación ambiental…. El juzgado número 5 de Manresa ha admitido a trámite una querella de ultraseparatistas catalanes de CUP y cita a declarar a los imputados por el 29 de septiembre 2015. El juzgado de instrucción número 5 de Manresa, Barcelona, ha imputado la empresa Iberpotash, dos de sus directivos y tres altos cargos de la Generalidad por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y por uno de prevaricación ambiental. El juez ha aceptado la querella presentada por CUP Sallent de Llobregat -Comarca española de Bages-en noviembre de 2014. Los cargos imputados son José Antonio Martínez Álamo, consejero delegado de Iberpotash en el momento de la querella; Lluís Fàbregas, director general de Medio Ambiente de Iberpotash; Josep Enric Llebot, secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalidad; Maria Assumpta Farran, directora general de la Dirección General de Calidad Ambiental; y Jordi Agustí, director de la ACA.
Foto archivo del 21 de mayo 2013: El presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, i el consejero delegado presunto corrupto ladrón de la empresa Iberpotash, José Antonio Martínez Álamo, durante el acto de colocación de la primera piedra de la planta de sal en Súria en la comarca del Bages (Barcelona).
Según el escrito judicial, del redactado de la querella presentada por la CUP se desprende que de la actividad minera desarrollada por la empresa Iberpotash el Bages podría producirse una «posible afectación medioambiental provocada por filtraciones de residuos salinos en aguas de dominio público derivadas de la actividad extractiva de la compañía». Según dice en el escrito, «estas filtraciones podrían ser causantes de una posible afectación negativa a los diferentes ecosistemas y recursos hídricos próximos». Según el juez, estos hechos descritos pueden ser constituidos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tipificados en el artículo 325 del Código Penal.
En cuanto al presunto delito de prevaricación ambiental, el juez considera que la querella se desprende la presunta comisión de este delito «por una posible concesión de licencias ilegales, así como para la hipotética realización de informes favorables a su concesión, aún sabiendo que se incurría en una posible vulneración de la normativa». También, sigue el escrito judicial, «para permitir presuntamente la continuación de la actividad minera de Iberpotash, sin que supuestamente la empresa superara algunos trámites y controles administrativos exigidos por la legislación».
El juez también requiere al Departamento de Territorio y Sostenibilidad ya la Agencia Catalana del Agua (ACA) que en un plazo de 30 días aporten la siguiente documentación: el informe del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7.6 de la normativa del Plan Director Urbanístico del Bages; una copia del programa de restauración actualizado de las actividades extractivas de Iberpotash; el informe sobre el cumplimiento de las condiciones de la resolución de aprobación del programa de restauración de la explotación denominada ‘Roumanie’, de Súria; el certificado sobre la rampa subterránea de la mina de Súria que especifique si se ha sometido al debido procedimiento de impacto ambiental; y el certificado de la resolución sobre la actuación de control inicial de la autorización ambiental de las instalaciones de Iberpotash de Sallent y Súria.
La formación ultraseparatista catalana, CUP de Sallent ha valorado «positivamente» a través de un comunicado que se haya iniciado el proceso judicial. El concejal del partido en el Ayuntamiento de Sallent, Albert Junyent, cree que «la denuncia penal por delito ambiental es un paso más que hace la CUP para forzar que la empresa y las administraciones cumplan la legalidad y la explotación minera trabaje de forma adecuada». CUP también destaca «la lucha constante durante muchos años de asociaciones y colectivos del Bages para la preservación del medio ambiente y para las minas de potasa cumplan la legalidad y no contaminen el entorno y el agua».
<foto archivo /Ángel Sanz><redacción: Lasvocesdelpueblo y ACN>
