Agencias – El ministro de Justicia en funciones del Gobierno de la patria, Rafael Catalá, ha defendido hoy que el Gobierno de la nación haya impugnado el Consejería de Exteriores separatista catalana del consejero Raúl Romeva ante el Tribunal Constitucional (TC), porque a su parecer «no es razonable» que el consejero Raül Romeva se presente como ministro y «eleve el rango» de sus funciones. Barcelona, 19 febrero 2016. Fotografía: El ministro de Justicia, Rafael Catalá (i) acompañado del decano del Colegio de Abogados, Oriol Rusca (2ºi) el consejero de Justicia del gobierno regional de Cataluña, Carles Mundó (c), la delegada del Gobierno, Llanos de Luna y el consejero de Interior Jordi Jané(d), momentos antes del inicio de los actos de celebración de San Raimundo de Peñafort en Barcelona. Efe.
Catalá ha asistido hoy en Barcelona a los actos de conmemoración de la festividad de Sant Raimon de Penyafort, patrón de los abogados, tras mantener su primera reunión con el conseller de Justicia, Carles Mundó, desde que este tomó posesión de su cargo. Catalá, que ha comparecido ante los medios junto a Mundó y al decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, ha defendido el conflicto de competencias que el Gobierno ha presentado contra la consejería de Exteriores dirigida por Romeva, lo que ha enmarcado en el «normal funcionamiento de las instituciones democráticas».
El consejero se presente como «ministro de asuntos exteriores de Cataluña»
El ministro se ha referido a la carta que Raül Romeva ha enviado a algunas embajadas y al Parlamento europeo y ha lamentado que el consejero se presente como «ministro de asuntos exteriores de Cataluña» y haya «aumentado el rango de las funciones» de su Departamento. «Eso va en la dirección de lo que no es razonable, por eso el conflicto de competencias», ha señalado el ministro de Justicia.
Preguntado por el anuncio de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de que el Gobierno piensa incorporar en sus recursos al Constitucional las manifestaciones de los miembros del gobierno catalán, Catalá ha precisado que «las declaraciones políticas no son impugnables per se», sino solo los actos que tienen consecuencias políticas.
«La consejería de Exteriores «iba más allá de las competencias que tiene»
Ahora bien, ha precisado que «ante un conflicto de competencias las partes pueden alegar» y, de hecho, espera que la generalidad de Cataluña dé explicaciones al Constitucional sobre por qué ha organizado de esa manera su Departamento de Exteriores. Para Rafael Catalá, la atribución de competencias que establecía el decreto por el que la generalidad creó la consejería de Exteriores «iba más allá de las competencias que tiene», ya que solo el Gobierno ostenta en exclusiva las competencias para representar a España en el exterior y dirigir las relaciones internacionales.
Según el ministro, el decreto, la denominación, la organización y las funciones del Departamento de Exteriores invaden competencias del Estado, aunque será el Constitucional «quien dará o quitará razones». En ese sentido, ha enmarcado el recurso en el «funcionamiento normal del sistema institucional», en el que el Tribunal Constitucional «tiene la función de garantizar la supremacía de la Constitución y el reparto de competencias y los tribunales velar por los derechos de los ciudadanos».
Sobre su reunión con Carles Mundó, el ministro ha afirmado que ambos han tratado de asuntos de política general y también de temas relacionados con la administración de justicia, como los procesos de mejora tecnológica, las tasas o la implantación del catalán en los juzgados.
Por su parte, el conseller ha asegurado que su encuentro con el ministro ha sido «muy cordial en términos personales» y que ambos han tenido ocasión de poner en común la «larga agenda» pendiente en materia de justicia, aunque Mundó ha expresado su malestar por la impugnación del Departamento de Asuntos Exteriores ante el Constitucional.
«Aquí el Gobierno ha metido la pata», ha apuntado el conseller, que cree que no tiene sentido llevar al Constitucional un departamento sin impugnar sus competencias, solo cuestionando «una cuestión meramente organizativa». El consejero, que asistirá el próximo jueves a la reunión convocada por el Gobierno en Madrid con consejeros de justicia autonómicos, ha trasladado al ministro su queja por que el examen para acceder a la abogacía siga sin poder hacerse en catalán.
Según Mundó, el ministro ha insistido en que la voluntad del Gobierno es facilitarlo, por lo que espera que en la próxima ocasión «pase de las palabras a los hechos y lo demuestre».
