Lasvocesdelpueblo y Agencias – La mujer de hierro del Partido Popular (PP) en Valencia, «Rita» -para los amigo en aquellos tiempos del Congreso del PP en Valencia, conocida como Rita Berbera, está sola como un búho; el Ejecutivo del Partido Popular Nacional y parece también la presidencia de España, Mariano Rajoy, la han abandonado. A «Rita», se le vienes los ataques por todos los lados, hoy a parte de lo del blanqueo del dinero negro que manejaba, también las extrema izquierda la ha llevado ante los tribunales por no quitar dicen, «los símbolos» de la patria de ayer -eso de lo de «papy Franco» «papa franco» en Valencia en su etapa de alcaldesa de la ciudad. Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que se encarga del caso Imelsa, subraya las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas municipales, María del Carmen García-Fuster, principal investigada en esta pieza separada. Barcelona, 21 de abril 2016. Fotografía: La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, junto a Mariano Rajoy y Alberto Fabra en la plaza de Toros Valencia. Archivo twitter del Alberto Fabra. Lasvocesdelpueblo.
Esta decisión se ha conocido el mismo día en que otro juez de Valencia ha enviado también al Supremo la causa abierta contra Barberá por no retirar símbolos franquistas cuando era alcaldesa de la ciudad, incumpliendo la Ley de la Memoria Histórica. La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, que tiene abierta una causa por una denuncia contra la exalcaldesa por incumplir la Ley de la Memoria Histórica, ha remitido al Supremo una exposición razonada para que sea el Alto Tribunal el que decida si investiga y, en su caso, juzga a Barberá.
El juez del caso Imelsa que investiga si hubo blanqueo en el PP de Valencia ha enviado al Tribunal Supremo la parte que afecta a la exalcaldesa y senadora Rita Barberá, ya que considera que las explicaciones que ha dado hasta ahora no excluyen su posible implicación y el juzgado no es competente sobre aforados. El instructor considera que, dado que la exalcaldesa ha reconocido que hizo el donativo de mil euros por el que están imputados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también hicieron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería «incoherente» no elevar la exposición al Supremo.
Aunque ni las dos investigadas (imputadas) que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han hecho una acusación concreta sobre la participación de la exalcaldesa, el juez detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la actual senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, García-Fuster. Según el TSJCV, el juez apunta que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo municipal, y existía además una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada.
Esta, en su declaración judicial, se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero. Preguntada por la decisión del juez del caso Imelsa, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha remitido al expediente abierto por el partido ante el supuesto blanqueo del PP valenciano y a la actuación del Supremo para tomar decisiones en relación con Barberá.
El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ha pedido al PP que saque a Barberá de la Diputación Permanente, para que si hay elecciones no esté aforada y pueda ser juzgada por la justicia ordinaria, mientras el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha pedido a la exalcaldesa que renuncie a su acta de senadora territorial «inmediatamente» para «dejar de desprestigiar» a los valencianos.
El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha exigido a la dirección del PPCV una actuación «contundente» sobre Barberá y desde Podemos, su portavoz en el Senado, Ramón Espinar, se ha mostrado convencido de que el Supremo solicitará el suplicatorio para Rita Barberá; entonces, ha augurado, el PP tendrá que decidir «si levanta o no» su aforamiento como senadora.
La pieza sobre presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas investigadas, más el PP como persona jurídica, e investiga donaciones de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. Antes de elevar la causa al Supremo, el juez ofreció declarar a Barberá, quien presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la alcaldía, si bien negó el reintegro.
Envían al Supremo la causa contra Barberá por incumplir la memoria histórica
Una jueza de Valencia ha enviado al Tribunal Supremo la causa contra la senadora territorial del PP Rita Barberá por no retirar símbolos franquistas cuando era alcaldesa de Valencia, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, que tiene abierta una causa por una denuncia contra la exalcaldesa por incumplir la Ley de la Memoria Histórica, ha remitido al Supremo una exposición razonada para que sea el Alto Tribunal el que decida si investiga y, en su caso, juzga a Barberá.
Considera la jueza que no es competente para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la denuncia contra Barberá por supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio por no retirar los símbolos franquistas de calles y edificios de la ciudad cuando era alcaldesa. Como senadora, Barberá está aforada ante el Tribunal Supremo, único competente para investigarla y juzgarla, recuerda el TSJCV.
El origen de la causa está en una denuncia presentada hace un año por José Luis Ábalos, diputado socialista en el Congreso por Valencia; Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, y el abogado madrileño Eduardo Ranz Alonso contra Barberá por la posible comisión de un delito de desobediencia.
La denuncia se refería a la existencia en la ciudad de Valencia de monumento a los caídos, escudos anticonstitucionales, placas con signos anticonstitucionales y cuadros de honores de Valencia con exponentes del franquismo, que para los denunciantes constituían un manifiesto incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.
En septiembre, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechazó la inhibición del citado juzgado de la capital y le devolvió la causa tras recibir la acreditación de que la denunciada, desde el 22 de julio de 2015, ocupaba un escaño en el Senado. El TSJCV, de conformidad con el criterio expresado por la Fiscalía, entendió entonces que la condición de senadora de la exalcaldesa, única denunciada, determinaba la «falta de competencia de esta Sala para pronunciarse sobre la admisión de dicha denuncia, al resultar competente la Sala Segunda del Tribunal Supremo».
Por tal motivo, el ponente, el magistrado José Francisco Ceres, acordó no aceptar la inhibición del Juzgado de Instrucción 16 en el que recayó inicialmente la denuncia contra Barberá y devolver a ese juzgado las diligencias para que proceda conforme a Derecho.
La jueza solicitó entonces, en octubre, a la Cámara alta la acreditación de que la exalcaldesa de Valencia es senadora, una petición que no fue respondida, y cuatro meses después, en marzo, el Juzgado de Instrucción número 16 ofició de nuevo al Senado para reiterar la petición de la información que necesitaba la instructora antes de resolver si enviaba la causa al Tribunal Supremo.
Recibida esa información, la juez, de conformidad con el criterio del fiscal y apelando a la resolución del TSJCV, que ya dijo que el competente era el Tribunal Supremo, ha acordado elevar las diligencias a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. La remisión de esta causa al Supremo se conoce el mismo día en el que el juez de Valencia que instruye la pieza separada del caso Imelsa sobre supuesto blanqueo de capitales ha remitido también al alto tribunal la investigación que afecta a la actual senadora, dada su condición de aforada.
