Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Gobierno autonómico de la Generalidad de Cataluña, del presidente Carles Puigdemont, y vicepresidente Oriol Junqueras considera que la decisión del Gobierno de España del presidente Mariano Rajoy de asumir el control de los gastos de los servicios básicos en Cataluña supone que el Ejecutivo «ha aplicado el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás» y ha anunciado una «batalla jurídica» en el Estado y también en la Unión Europea (UE) contra esta medida. Barcelona (España), viernes 15 de septiembre de 2017. Fotografía: El separatismo xenófobo en carne y huesos durante una conversación privada en el Parlamento de Cataluña, el presidente catalán, Carles Puigdemont (i), el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras Vies (ERC) (c), y el presidente del grupo parlamentario de la coalición separatista de ERC y CDC (Juntos Por El Sí), Jordi Turull (d). Efe.
El secretario de Economía del gobierno catalán, Pere Aragonès, se ha referido así al mecanismo de control de pagos aprobado por el Consejo de Ministros después de que la Generalidad se negara a seguir facilitando al Gobierno un control semanal de sus gastos.
La Generalidad entiende que la decisión adoptada por el Gobierno es «ilegal», porque no tiene «amparo legal», dado que el Gobierno central usa la ley de estabilidad presupuestaria para aplicar «por la puerta de atrás el artículo 155 de la Constitución».
Este artículo de la Constitución es el que precisa que el Estado, tras una serie de trámites y con el aval del Senado, puede «adoptar las medidas necesarias para obligar» a una comunidad al «cumplimiento forzoso» de una serie de obligaciones, es decir, que puede intervenirla en la práctica.
Aragonès ha asegurado que el Gobierno catalán no puede aún aventurar las consecuencias de este acuerdo, porque todavía no dispone de su literalidad, pero ha acusado al Ejecutivo central de «saltarse su ley para intentar parar la democracia».
El alto cargo del Gobierno catalán ha culpado también al Gobierno de «poner en riesgo el funcionamiento de los servicios públicos en Cataluña».
La Generalidad de Cataluña entiende que el Gobierno hace referencia en su acuerdo al pago de servicios como la educación, la sanidad, los servicios sociales o las nóminas, pero Aragonès se ha preguntado «dónde queda el gasto en seguridad, en justicia, en prisiones, en servicios de emergencia como bomberos o en el mantenimiento de infraestructuras», y ha censurado la «profunda irresponsabilidad» del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Con todo, Aragonès no ha aclarado si el Gobierno catalán acatará o no la exigencia del Gobierno de que en 48 horas adopte un acuerdo de no disponibilidad de aquellos gastos de carácter no esencial.
El secretario del Gobierno catalán entiende que el Gobierno «se salta» incluso la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.
Aragonès también ha acusado al Gobierno de «secuestrar los impuestos de los catalanes» y de pretender «paralizar la economía catalana» con decisiones de este tipo.
Con todo, Aragonès ha garantizado que este mes la Generalidad se hará cargo del abono de las nóminas de los funcionarios catalanes, y que se atenderán todos los pagos previstos.
El ejecutivo catalán considera que el Gobierno central está usando la ley de estabilidad presupuestaria «con fraude de ley» para «ir contra la democracia», y de ahí que el Govern anuncie también medidas en el ámbito de la UE, si bien Aragonès no ha entrado en detalles.
En España, la Generalidad podría recurrir este acuerdo del Consejo de Ministros ante el Supremo, que es el órgano judicial competente en estos casos.
Aragonès también cree que no tienen base legal las órdenes dadas a entidades financieras, dado que «esto solo lo puede hacer un juez».
Pese a estas medidas, el secretario de Economía de la Generalidad de Cataluña ha asegurado que el Gobierno catalán está «comprometido» en continuar adelante con el referéndum separatista del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.
A la pregunta de qué autonomía financiera tiene ahora la Generalidad de Cataluña, Aragonès no ha entrado en detalles y se ha limitado a comentar que el Gobierno español está vulnerando su propia normativa.
