Efe – El falseo de la financiación del PP alcanzaría la cifra de 4.916.000 euros entre 2007, 2008 y 2011, según la Fiscalía, que ha calculado el dinero que gastó de más en las campañas electorales de esos años y que no incluyó en su contabilidad electoral. Madrid (España), martes 16 de mayo de 2017. Fotografía: La presidenta regional de Madrid y actual presidenta del PP madrileño, Cristina Cifuentes. Archivo Efe.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) vincula a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la financiación ilegal del PP de Madrid, pese a lo cual el juez Eloy Velasco no actuará por ahora contra ella al no encontrar pruebas de su participación en esas prácticas.
El sumario de caso Púnica, al que ha tenido acceso a Efe, ha desvelado un sistema ilegal de financiación irregular con el que el PP madrileño dirigido por Esperanza Aguirre habría sufragado las campañas municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008 y que, según la Fiscalía, alcanzaría los 4,9 millones de euros.
Una investigación que parte de una libreta de Francisco Granados y de la documentación intervenida al exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, y que, según la UCO, pone de manifiesto una contabilidad «B» de gastos electorales «que revela la superación sistemática de los limites de gasto electoral así como numerosas irregularidades, muchas de ellas con relevancia penal».
Actuaciones «que suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político».
Como responsables de ese sistema aparecen Granados, Gutiérrez y el exconsejero madrileño Ignacio Echevarría, pero los investigadores de la UCO señalan también a Cristina Cifuentes y a su antecesor en el cargo Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, en el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco también investigará la financiación ilegal del PP.
En el caso de Cifuentes, la Guardia Civil pretendía que se la investigara por posibles delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era presidenta de la mesa de contratación, a favor del grupo Cantoblanco, presidido por Arturo Fernández, que a su vez había donado al PP 160.000 euros a través de la Fundación Fundescam.
Cifuentes habría participado en contratos con «múltiples irregularidades penalmente relevantes», según la UCO, que, además del informe sobre la financiación ilegal del PP, presentó el 1 de marzo un análisis específico sobre el contrato de la Asamblea de Madrid y Cantoblanco.
En él, argumentó que Cifuentes fue al mismo tiempo patrona de Fundescam, dirigente del PP de Madrid y de sus comités de campaña y miembro del comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de Cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011, que consiguió la empresa Grupo Cantoblanco, licitaciones en las que ella era presidenta de la Mesa de contratación.
Pero el juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción no ven pruebas de que la actual presidenta madrileña participara en la financiación ilegal, de modo que no procederán contra ella, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Cristina Cifuentes ha comparecido esta tarde ante los periodistas para aseverar que el informe de la UCO carece de valor jurídico alguno. También ha declarado que no va a permitir que nadie ponga en cuestión su honorabilidad.
El informe de la UCO también apunta a Ignacio González como partícipe de este sistema, pues firmó una subvención de 195.700 euros a Fundescam cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y patrono de la fundación, además de director de la campaña del PP de Madrid a las elecciones de 2007.
Y cree que fue «participe privilegiado» en los hechos, pues «no en vano se encontraba donde se promueve y paga la subvención (Comunidad de Madrid), donde se justifica (Fundescam) el gasto de la subvención y donde se materializa realmente el gasto (como jefe de campaña)».
El falseo de la financiación del PP alcanzaría la cifra de 4.916.000 euros entre 2007, 2008 y 2011, según la Fiscalía, que ha calculado el dinero que gastó de más en las campañas electorales de esos años y que no incluyó en su contabilidad electoral
En concreto, en 2007 fueron 2.685.000 euros, en 2008 685.000 euros y en 2011 1.546.000 euros, en este último caso «sin contar la cuenta de funcionamiento del partido, que no era cuenta electoral».
La UCO apunta además que en 2007 se desviaron ilegalmente 1,7 millones del grupo parlamentario a pagar gastos de campaña y que en 2011 el PP de Madrid tuvo supuestamente una «caja B» en la que acumuló más de un millón de euros.
El partido que presidía Esperanza Aguirre actuó con una «estructura de decisión cohesionada en el tiempo» y formada por directores de comités de campañas electorales, presidente, secretario general y vicepresidente del Gobierno de Madrid, así como el gerente y otros cargos del PP y miembros de mesas de contratación de la Comunidad.
Para actuar utilizaban varios métodos, como eran el recurso a una caja B, alimentada con efectivo de procedencia desconocida o el desvío de dinero de la fundación pública Fundescam, que a su vez se financiaba de forma irregular mediante aportaciones finalistas de particulares, mediante subvenciones públicas o mediante convenios irregulares con cajas de ahorro públicas, es decir Caja Madrid.
Pero también mediante el uso de un entramado empresarial «para ocultar el verdadero beneficiario y pagador de servicios electorales».
De hecho, la UCO ha destapado la existencia de esa red de empresarios que «enmascaraban» los gastos del partido a cambio de contratos del PP y administraciones gobernadas por ese partido.
Entre esos empresarios destacan Óscar Sánchez Moyano, Ricardo Vázquez Segura o Daniel Horacio Mercado, imputado en este caso y vinculado también al PP en otras comunidades, como Baleares en época de Jaume Matas.
Y también Marcelino Luis Elosúa y María Luisa Madariaga, sorprendidos con 200.000 euros en metálico en la frontera entre Francia y Suiza justo unos meses antes de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.
