Agencias – Gobierno de la Nación ante la Justicia: la Ley de Transitoriedad Jurídica Fundacional de la República Catalana constituye junto con la Ley del referéndum del 1-O «la mayor amenaza de destrucción de las normas de convivencia que la sociedad española se dio en 1978″, y es por tanto «el mayor ataque concebible a los valores que los Estados Democráticos de Derecho de los que España forma parte». El recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de España ha presentado este lunes contra la «Ley de Transitoriedad Jurídica Fundacional de la República Catalana» asegura que la norma aprobada por el Parlamento es «un atentado» y un «ataque frontal» no sólo a los principios que inspiran la Constitución española, sino «los pilares esenciales del sistema democrático occidental». Madrid (España), lunes 11 de septiembre de 2017. Fotografía: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Archivo Efe
El documento de 29 páginas, al que ha tenido acceso la agencia catalana de noticias, el ejecutivo del presidente Mariano Rajoy reclama la suspensión de la Ley por la vía cautelar, y la notificación personal de esta decisión al presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y todos los miembros de su gobierno, a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y los miembros soberanistas de la Mesa, así como personal administrativo de la cámara catalana ya los miembros de la Sindicatura Electoral.
Como en ocasiones anteriores también pide que les advierta de las responsabilidades penales que conlleva la desobediencia de esta suspensión, aunque en esta ocasión no le reclama que dicte deducción de testimonio, es decir, que abra nuevas vías penales.
El Tribunal Constitucional debatirá la admisión a trámite del recurso y previsiblemente suspenderá la Ley este mismo martes, en el que se vuelve a reunir de manera extraordinaria para atender las peticiones del gobierno español.
Entre estas peticiones, que el recurso sea suspendido automáticamente en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, y que por lo tanto deje de tener efecto desde el día mismo de la presentación del recurso, es decir de este lunes.
El motivo de esta demora -la ley se aprobó jueves- es que el gobierno español no pudo registrar el viernes el recurso fruto de que no se había publicado aún en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC).
El registro del Tribunal Constitucional cerró a las 15h del viernes, y no ha abierto hasta este lunes.
«La mayor amenaza de destrucción de las normas de convivencia» En su escrito, el gobierno español destaca la «extraordinaria relevancia constitucional» de la cuestión.
Asegura que la Ley de Transitoriedad constituye -junto con la Ley del referéndum- «la mayor amenaza de destrucción de las normas de convivencia que la sociedad española se dio en 1978», y es por tanto «el mayor ataque concebible a los valores que los Estados Democráticos de Derecho de los que España forma parte».
Según el Gobierno, la Ley de transitoriedad «no sólo elimina la Constitución como texto normativo, sino, sobre todo, ignora el Poder Constituyente mismo en el que se basa esta Constitución».
El motivo, asegura, es que la «división» del sujeto de la soberanía nacional española «supone su desaparición, y en consecuencia, la demolición de lo que fundamenta todo el sistema constitucional».
«Una de las formas más graves de atentar contra una determinada sociedad política «Además, considera que la» secesión unilateral de una parte de la sociedad» es «una de las formas más graves de atentar contra una determinada sociedad política».
«La ruptura de la unidad de decisión supone de facto prescindir del Poder Constituyente y, en consecuencia, la destrucción de la Constitución».
En este sentido, asegura que la Ley se sitúa «completamente fuera del marco constitucional» y tiene un contenido «imposible «que se articula con una» configuración burda «de supuestos.
«No serían precisas más que unas cuantas líneas para argumentar su inconstitucionalidad», sostiene el ejecutivo, para que la declaración de una república catalana independiente «conlleva una vulneración constitucional de tal magnitud que engloba y absorbe en sí misma cualquier otra vulneración de orden competencial».
