Agencias – La Fiscalía Superior de Cataluña ha reunido este martes por la mañana con el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el jefe de la policía española en Cataluña, Sebastián Trapote, y el general jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo, para darles instrucciones para intentar evitar el referéndum del 1 de octubre (1-O). Barcelona (España), martes 12 de septiembre de 2017. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), viernes 18.08.2017. El mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluis Trapero, este viernes en rueda de prensa. Efe.
Se da la circunstancia de que Trapero es uno de los altos cargos de la estructura gubernamental catalana que ha sido advertido por el Tribunal Constitucional en torno a la consulta.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictó el pasado viernes un oficio en el que ordenaba los máximos responsables de los Mozos, la Guardia Civil y la policía española que, en el marco de sus funciones de policía judicial, elaboraran atestados en «cualquier actuación de autoridades, funcionarios públicos o de particulares» dirigida a «la organización del referéndum».
Maza también ordenó que intervinieran «los efectos del delito», en relación a urnas, papeletas u otros materiales.
Maza remitió este escritos al fiscal superior de Cataluña y los cuatro fiscales jefes provinciales.
En el oficio, el fiscal concluía que «la falta de competencia» de Cataluña para «convocar consultas, incluso no todo no referendarias, que traten sobre cuestiones que afectan al orden constituido y el fundamento mismo del orden constitucional, es un notorio e, indudablemente, de conocimiento indiscutible por parte de todos aquellos que tienen alguna responsabilidad pública».
Por ello, añadía que «queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualquier acto dirigido a la celebración del referéndum de autodeterminación».
El fiscal Maza pedía a los cuatro fiscales jefes provinciales que notificaran la instrucción general a los máximos responsables de los tres cuerpos policiales de cada demarcación «para su remisión a las unidades subordinadas», con el mismo objetivo.
Hay que recordar que después de suspender la ley del referéndum y el decreto de convocatoria, el Tribunal Constitucional advirtió la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, los miembros de su gobierno, los 947 alcaldes de Cataluña, unos 70 altos cargos de la administración, entre los que el mayor Trapero, y los responsables de los medios públicos catalanes TV3 y Cataluña Radio.
