Agencias – Los participantes en una manifestación que hoy han celebrado los policías municipales de Madrid en protesta por la decisión del Ayuntamiento, gobernado por Manuela Carmena de Ahora Madrid (Podemos), de suprimir una de las Unidades Centrales de Seguridad han insultado y golpeado el coche del concejal de Seguridad de la ciudad, Javier Barbero. Madrid, 16 febrero 2016. Fotografía: El concejal de Salud, Seguridad y Emergencias de Madrid, Javier Barbero (d) se introduce en un coche mientras es increpado por los asistentes a una concentración de policías municipales, en los alrededores de la Plaza Mayor. Efe.
Los agentes participantes en la protesta, alrededor de 200, han perseguido a Barbero durante unos 400 metros y durante ese trayecto le han llamado ‘gordo’ y ‘dictador’ e insultado gravemente, además de acusarlo a gritos de «cargarse la Uces», la unidad de antidisturbios municipal.
También han reclamado la dimisión del actual jefe de la Policía Municipal, que acompañaba en su recorrido al concejal. La protesta de los agentes ha comenzado en los alrededores de la Plaza Mayor, donde se han concentrado con motivo de la reunión de la comisión municipal de seguridad del área.
Cuando el concejal ha abandonado las dependencias municipales sobre las 11.00 horas, al finalizar la comisión, lo han seguido en su recorrido por la calle Mayor hasta que Barbero ha entrado hacia la calle Bordadores y se ha introducido en el coche oficial que los manifestantes golpeaban entre pitidos y silbidos.
Además, uno de los policías locales que se manifestaba ha golpeado a una periodista en el brazo y ha tirado el teléfono móvil con el que ésta trataba de grabar la protesta policial. La protesta estaba convocada por el Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM) y a ella se han sumado el CSIT y el CSIF, mientras que el resto de sindicatos policiales no han participado.
Los agentes se manifestaban desde las 9.30 horas frente a las dependencias del Ayuntamiento de plaza de la Villa para protestar por la inminente eliminación de una de las dos Unidades Centrales de Seguridad (UCS), con unos «brillantes servicios prestados», según los sindicatos, que acusan al equipo de Gobierno local de querer suprimir las unidades por «el mero hecho de que lleven un casco y un escudo».
El equipo de Gobierno que dirige Manuela Carmena ha decidido eliminar una de las dos unidades conocidas popularmente como ‘antidisturbios’, creadas en 2003 bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, para reforzar las unidades de distrito. Una decisión que ha coincidido con la tensión entre los agentes policiales y el equipo de Gobierno local por el impago de una compensación económica acordada entre el área dirigida por Barbero y los sindicatos a cambio de no reducirse la jornada en los meses de verano.
Tras el suceso, el concejal ha denunciado la inacción de la Policía Nacional en la protesta de los agentes municipales y ha acusado por «dejación de funciones» y «deslealtad» a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa. «Yo esperaba ser protegido por la Policia Nacional, lo lógico es que hubiera intervenido», ha sostenido Barbero en una rueda de prensa en la que ha indicado que la alcaldesa Manuela Carmena está «tratando de localizar» a Dancausa por este suceso.
La Delegación del Gobierno en Madrid, por su parte, ha rechazado la acusación del concejal de Seguridad. En un comunicado enviado a Efe, la Delegación del Gobierno ha puntualizado que es a la Policía Municipal a quien corresponde, conforme a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la protección de las autoridades de las corporaciones locales.
La Delegación envió a la zona, tras conocer la convocatoria de la concentración, a 30 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) sin que el Ayuntamiento le hubiera hecho petición alguna. Además, sostiene que durante esos incidentes los antidisturbios de la Policía Nacional presentes no se han visto en la necesidad de intervenir, ya que «en ningún momento se ha considerado que hubiera riesgo» para el concejal.
A raíz de lo sucedido, el Ayuntamiento abrirá una investigación para determinar si ha habido incitación al odio en la protesta contra el edil.
