Lasvocesdelpueblo y Agencias – El tribunal Supremo sentencia que no ve delitos contra la ex alcaldesa de Jerez del Partido Popular (PP) quien dio luz verde al Gürtel en el municipio porque según el Tribunal la alcaldesa María José García-Pelayo no tiene por qué saber todo aquello o leer todos los folios de los documentos que firma como alcaldesa. Sin embargo, los expresidente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de la Junta de Andalucía, Manuel Chavez y José Antonio Griñán -ya imputados- pasan al juicio por firmar y dar luz verde a la trama de los ERES falsos durante su respectivas etapas de presidente de la comunidad autónoma española de Andalucía. Pero aún, La Audiencia Nacional que libera a titiriteros que enaltecen al terrorismo de ETA con los niños en la sala, alegando «libertad de expresión», atribuye a la empresa Ausbanc de Luis Pineda «el dominio total y completo» (ver aquí) -y no responsabilidad compartida con el sindicato español que defiende la Unidad de la patria en Cataluña y es acusación popular en el Caso Nóos: Manos Limpias-, dice el tribunal en su escrito de este viernes 29 de abril 2016, pero mantiene al preso político español secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad de 74 años, en la cárcel en «prisión incondicional sin fianza«, por riesgo de fuga o destrucción de pruebas -que hasta ahora ni existen ni aparecen: no hay ninguna factura ni transferencia bancaria entre Ausbanc y el Sindicato manos Limpias hasta ahora-. Barcelona, 30 de abril 2016. Fotografía: La exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo durante un pleno del Ayuntamiento. Archivo Efe.
El alto tribunal de la patria acuerda en un auto de este viernes 29 de abril 2016 el sobreseimiento de la pieza separada denominada Gürtel-Fitur sobre los hechos investigados que se acotan en relación con determinados contratos administrativos para el desarrollo de FITUR de 2004, así como otros expedientes para llevar a cabo actos en la plaza Mayor de Madrid. El instructor de esta parte de la causa en el Supremo, Antonio del Moral, no cuestiona en la resolución la posible relevancia penal de los hechos investigados ante el cúmulo de indicios que apuntan que la asignación de esos contratos se hizo de forma «voluntarista«.
En concreto, explica que fue una decisión arbitraria «adoptada al margen de todo procedimiento legal beneficiando a tres empresas que resultaron adjudicatarias en virtud de una decisión tomada sin respeto a los procedimientos y garantías administrativas». Según el magistrado, el carácter absolutamente irregular de aquella contratación radica en la constatación de que la decisión de adjudicar los contratos a las tres empresas fue anterior a los propios expedientes, que se tramitaron después de Fitur.
El juez analiza si existen indicios racionales y consistentes contra la entonces alcaldesa para concluir que no se le puede atribuir una conducta dolosa, y tras constatar que la eficacia jurídica de las decisiones está ligada a la firma de la alcaldesa, descarta que lo hiciera a sabiendas de su arbitrariedad.
El auto cita dos sentencias de la Sala de lo Penal del Supremo que establecen que el delito de prevaricación exige probar algo más que la pura constatación de la firma en una resolución objetivamente arbitraria e injusta. El Tribunal Supremo abrió en septiembre de 2015 una causa para investigar si García Pelayo cometió un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel de eventos de Fitur de 2004
La resolución del alto tribunal califica de «creíble» el testimonio de la investigada sobre su desconocimiento de «toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y dicho castizamente, caciquiles, resultan no solo muy verosímiles sino además sugestivas de acomodarse a lo más probable«.
