Lasvocesdelpueblo y Agencias – Josep Rull ha dicho que ésta implica todas las actuaciones del gobierno catalán, un «gobierno de transición nacional», que sentará las bases de cómo será el «futuro país«: La República de Cataluña. El gobierno de la generalidad de Cataluña ha vuelto a exigir este lunes 22 de febrero al Gobierno de la nación del presidente en funciones de España, Mariano Rajoy Brey, el traspaso de todas las competencias del Estado sobra la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe), también la Alta Velocidad Española (AVE) comercializada por Operadora Renfe y finalmente la gestión íntegra de la red ferroviaria catalana (conocida como Ferrocarriles de la generalidad de Cataluña) y Renfe Regionales en toda Cataluña; ha reclamado Josep Rull, el consejero de Territorio y Sostenibilidad y diputado autonómico de la coalición separatista catalana, Juntos Por El Sí (JxSí) en el Parlamento autonómico de Cataluña quien también es dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña que preside hasta ahora el expresidente catalanista Artur Mas Gavarró. Josep Rull. Barcelona, 23 de febrero 2016. Fotografía: Pasajeros esperando en una estación de Renfe, Alta velocidad Española, (AVE). Efe.
La ley de infraestructuras de movilidad del gobierno de Carles Puigdemont Casamajó, que hoy está repartida en diferentes normativas e incluye algunas como la ley de carreteras, es, según Rull, un ejemplo más de por qué «necesitamos un nuevo país, una república -catalana- racional y sostenible».
El dirigente separatista de JxSí ha hecho esta propuesta en comparecencia parlamentaria para informar de los objetivos y las actuaciones de su departamento en la presente legislatura. El consejero del gobierno autonómico de Cataluña ha pedido el traspaso de la red ferroviaria en Cataluña porque el Gobierno de Carles Puigdemont Casamajó quiere «ser culpable de nuestras decisiones y no rehenes de los errores de otros»: España.
Para asumir esta gestión de estas competencias, Josep Rull ha explicado que el Gobierno tendría que hacer una desclasificación del interés general de los corredores, tras lo que la gobierno regional de Cataluña reclamará el expediente de traspaso y se convocará una comisión bilateral con el Gobierno central de la Nación, donde se establecerá las fases del traspaso.
Rull ha propuesto que el traspaso se haga en tres fases, en una primera se traspase Cercanías Renfe, en una segunda, la generalidad de Cataluña asumirá los corredores del resto de la red convencional, que incluye el servicio regional y, por último, que quede en mano del gobierno de Carles Puigdemont Casamajó la red de Alta Velocidad Española (AVE).
Dentro de la primera fase, se incluirían los corredores: Castellbisbal-Arc de Triomf, Arc de Triomf-Mataro-Maçanet Massanes; Arc de Triomf-Montcada Bifurcació; Montacada Bifurcació-Manresa- Lleida-Pirineus, el ramal de acceso a Cerdanyola Universitat; Montcada Bifurcació- Puigcerdà; Sant Vicenç de Calders-Vilanova- Passeig de Gràcia-Nus de Mollet, Passeig de Gràcia-Estació de França y El Prat de Llobregat-Aeropuerto.
El gobierno de Carles Puigdemont Casamajó asumiría el centro de control ferroviario, con un coste de 12 millones de euros. Rull ha explicado que Ifercat sustituiría a Adif como responsable de gestionar estas infraestructuras y que para asumir esta gestión, el gobierno catalán necesitaría tres millones de euros al año y también que subrogaría al personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias es una entidad pública empresarial española dependiente del Ministerio de Fomento que tiene como objetivo la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación conocido como (Adif).
El consejero separatista excluyente ha dicho que con esta propuesta de su gobierno al presidente en funciones de España, mariano Rajoy Brey, quiere culminar un proceso que «nació cojo» y que quiere tener competencias plenas en materia ferroviaria para «asumir nuestras propias responsabilidades» y dejar de echar las culpas a los otros, cosa que sólo conduce a la «frustración».
El dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) de Artur Mas Gavarró ha explicado hoy las líneas de trabajo de su departamento, que, según ha dicho, ha hecho suyos los objetivos de desarrollo sostenibles de Naciones Unidas para el horizonte 2030. La intervención de Rull ha tenido la sostenibilidad como elemento central y ha dicho que ésta implica todas las actuaciones del gobierno catalán, un «gobierno de transición nacional», que sentará las bases de cómo será el «futuro país«.
Ha hecho mención a las leyes que aprobará o desplegará durante los próximos años, algunas de ellas dentro de esta legislatura, como el despliegue de la ley de financiación del transporte público o la ley de puertos y transporte marítimo y fluvial, que espera se apruebe en el primer semestre del 2016. Sobre la futura ley del servicio de movilidad terrestre, que agrupará diversas normativas, espera que salga adelante durante el año 2016 y se apruebe en 2017.
La ley de infraestructuras de movilidad, que hoy está repartida en diferentes normativas e incluye algunas como la ley de carreteras, es, según Rull, un ejemplo más de por qué «necesitamos un nuevo país, una república -catalana- racional y sostenible». También ha mencionado la ley de Territorio, la ley de Arquitectura, la nueva ley de ordenación del litoral, la nueva ley de montaña, la ley de evaluación ambiental, la ley de biodiversidad, la ley de residuos o la ley del Cambio Climático que del gobierno catalán aprobó recientemente.
Rull ha apostado por establecer nuevos modelos de gobernanza, basados en la cooperación, el diálogo y la concertación con los agentes económicos y la participación de la sociedad civil. El consejero separatista se ha referido al frenazo en la inversión que ha provocado la recesión y ha puesto como ejemplo que Territorio ha de pagar 450 millones de euros de canon de las estaciones de la L-9, muchas de las cuales todavía no están en funcionamiento y se ha preguntado si todas las inversiones que se hicieron y que ahora hay que pagar eran necesarias.
Sobre el conflicto de ATLL, ha dicho que esperan que se resuelva con el mínimo impacto para las finanzas del gobierno catalán porque no se puede hacer que, al final, acaben pagando los ciudadanos. En respuesta a la intervención de los diputados, Rull también ha apuntado que los 15.000 millones de euros de déficit fiscal «existen y son una losa» y, sin este déficit, el gobierno catalán podría haber hecho dos líneas 9 del metro y media.
El dirigente de (CDC) también ha mencionando que el coste de liberar todos los peajes en Cataluña está entre 2.100 y 3.000 millones de euros.
