Puigdemont y Junqueras preparan la compra de papeletas y sobres del referéndum con un total de 775.714,26 euros

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Lasvocesdelpueblo y Agencias – El separatismo ya calienta los motores para el golpe de estado. Hoy, el Gobierno del presidente Carles Puigdemont (CDC) -y su vicepresidente, Oriol Junqueras (ERC)- ha sacado a concurso público la adquisición de papeletas y sobres para el referéndum de autodeterminación en Cataluña previsto -como más tarde- en septiembre, según ha condicionado los ultras de CUP para dar luz verde al los presupuestos de la Generalidad de 2017. En concreto, se refiera a la compra de sobres, papeletas, un manual de instrucciones para los miembros de las mesas e impresos electorales, todo ello con un presupuesto de licitación de 775.714,26 euros. Barcelona (España), jueves 23 de marzo de 2017. Fotografía: El portavoz de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Joan Coscubiela (i); el líder de CSQP, Lluís Rabell (c); y el vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, durante la tercera y última jornada de la sesión plenaria del Parlamento, un día después de la inhabilitación del portavoz de CDC en el Congreso de los diputados, Francesc Homs Molist, por el golpe del 9N de 2014 en Cataluña y de la aprobación de los presupuestos del Gobierno, que incluyen una alusión al referéndum que la oposición estudia llevar al Tribunal Constitucional. Efe.

El Gobierno de Cataluña ha sacado hoy a concurso público la adquisición de papeletas y sobres para procesos electorales en los próximos cuatro años, después de sacar ayer adelante en el Parlamento los presupuestos para 2017, que aluden a la celebración de un referéndum este año 2017 En Cataluña.

La licitación del Departamento de Gobernación, que aparece publicada con fecha de ayer, miércoles 22 de marzo de 2017, en el portal de contratación pública de la Generalidad, señala que el encargo es para proveer en un periodo de cuatro años «el material electoral necesario para la celebración de elecciones al Parlamento de Cataluña».

En concreto, se refiera a la compra de sobres, papeletas, un manual de instrucciones para los miembros de las mesas e impresos electorales, todo ello con un presupuesto de licitación de 775.714,26 euros.

La licitación llega en plenos preparativos por parte del Gobierno para la celebración, como muy tarde a principios de otoño, de un referéndum separatista en Cataluña, una cita que la oposición ve inviable y que estima que acabará transformándose en unas elecciones anticipadas al Parlamento antes de finalizar el año (2017).

Fuentes del Gobierno niegan que la licitación esté relacionada con el referéndum o se haga pensando en unas elecciones anticipadas y recuerdan que el ejecutivo ya no licita para cada cita electoral concreta, sino que establece un acuerdo marco durante cuatro años para tener seleccionadas las empresas a las que la Generalidad recurriría en caso de convocatoria electoral durante dicho periodo.

Después de que ayer, miércoles 22 de marzo de 2017, el Parlamento catalán aprobara los presupuestos para 2017 con los votos de Juntos por Sí (JxSí) -CDC y ERC- y la CUP, hoy, jueves 23 de marzo, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, ha confirmado que la próxima semana su grupo recabará las firmas de 50 diputados para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las cuentas por dedicar una partida a la convocatoria de un referéndum.

En cambio, el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, ha defendido la constitucionalidad de los presupuestos, incluida la disposición adicional sobre el referéndum separatista, ya que a su juicio «en la Constitución se recoge la posibilidad de hacer referendos» En España.

Podemos aprueba las cuentas del gobierno de JxSí con una partida para el golpe de estado en Cataluña y luego se arrepiente

El grupo parlamentario de Podemos Cataluña, Cataluña Sí Que se Puede, ha presentado un escrito a la Mesa del Parlamento para que suspenda la publicación de la ley de presupuestos y solicite un informe a los servicios jurídicos, ya que cree que las dos enmiendas aprobadas ayer, miércoles 22 de marzo, sobre el referéndum separatista, la suya y la de la CUP, son «contradictorias».

Ambas fueron aprobadas con el apoyo de JxSí, pero mientras la de la CUP aludía a un referéndum sin mencionar ningún marco legal en concreto, la de Podemos Cataluña sí estipulaba que la convocatoria debe hacerse bajo las «condiciones establecidas» por el Consejo de Garantías Estatutarias, que consideró inconstitucional la disposición adicional que hacía alusión al referéndum.

Por otra parte, las fuerzas separatistas han salido al paso de unas declaraciones del exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo al canal 13TV en las que destacó las dificultades de los separatistas para encontrar apoyos internacionales a su causa: «Ellos han reconocido, cosa que me ha gratificado, que en la escena internacional han perdido en todo».

«Nadie sabe el esfuerzo que ha costado eso y los favores que debemos a una cantidad de gente por haber logrado las declaraciones que han hecho, porque lo normal, cuando te plantean un tema de otro Estado, es decir: ‘Oiga, esto es una cuestión interna, resuélvalo usted, no me haga a mí hacer una declaración importante sobre este tema’. Y esto ha costado mucho trabajo», dijo el exministro.

El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha dicho que la afirmación de García-Margallo «es muy grave» y «exige que dé explicaciones de los recursos usados, las promesas hechas y con qué autoridad y legalidad las hizo».

«Espero que la indignación aumente hasta tal punto que mañana mismo exijan la comparecencia de Margallo, hagan una comisión de investigación y, si conviene, lleven el caso a la Fiscalía», ha afirmado Puigdemont, mientras que ERC y PDeCAT ya han pedido en el Congreso su comparecencia.

Mientras tanto, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha dado traslado esta tarde a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de la sentencia en la que este tribunal inhabilita al portavoz del PDeCAT en la Cámara baja, Francesc Homs, durante un año y un mes por un delito de desobediencia grave por la consulta del 9N de 2014 en Cataluña.