Agencias – El recurso del Gobierno de España en funciones de Mariano Rajoy Brey se basa en el artículo 161.2 de la Constitución y, si se admite a trámite, supondrá la suspensión de la consejería y que Romeva no pueda ejercer ninguna de sus funciones. El gobierno de la Nación ha dado el paso: ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la consejería separatista catalana de Exteriores cuyo jefe de departamento es el cabeza de lista de Juntos Por El Sí (JxSí) al 27-S 2015, Raúl Romeva. Después de obtener el informe favorable del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros del gobierno en funciones ha deicida interponer un conflicto positivo de competencias. Barcelona, 5 de febrero 2016. Fotografía: La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría (i), y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Efe.
El recurso se basa en el artículo 161.2 de la Constitución y si se admite a trámite conllevará la suspensión automática de la consejería. El Gobierno asegura que la consejería deberá desaparecer y Romeva no podrá ejercer ninguna de sus funciones. Lo ha explicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. «Si el Tribunal Constitucional, al admitir a trámite, suspende esta consejería, pierde su virtualidad y su fundamento jurídico. Toda su organización y competencias dejan de existir».
La creación de la consejería forma parte de «la internacionalización del proceso»
El recurso ya le adelantó Rajoy durante la reunión que tuvo con el grupo parlamentario popular este jueves. Una pieza de la «internacionalización del proceso». La vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría Antón, ha señalado que el informe que se pidió al Consejo de Estado destaca que la creación de la consejería forma parte de «la internacionalización del proceso» separatista catalán de JxSí y CUP de independencia a la que aludió el presidente catalán, Carles Puigdemont, en su investidura.
El ministro de Justicia de España ha añadido que «la mera constitución de este departamento», en el que se atribuyen competencias en política internacional, es «contraria al reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas».
