Soraya avisa a Colau de que no ponga en riesgo a «funcionarios» ante «ordenes ilegales» el 1-O

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Lasvocesdelpueblo y Agencias – «Los partidos no» separatistas: Ciudadanos Cs, PP y PSC «están sufriendo un acoso por parte de la CUP en sus sedes y un ninguneo por parte» de los separatistas «en el Parlamento de Cataluña», ha dicho. Madrid (España), martes 11 de julio de 2017. Fotografía: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al inicio de la reunión que el grupo parlamentario popular ha celebrado hoy, martes 11 de julio de 2017, en el Congreso. Efe.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido hoy a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que dar facilidades como pretende para la celebración de un referéndum en Cataluña el 1 de octubre, no debe conllevar poner en dificultades a los funcionarios.

Sáenz de Santamaría ha contestado de esta forma a Colau en su intervención ante el plenario del grupo popular del Congreso en la que ha vuelto a garantizar que ese referéndum separatista no se va a celebrar.

En su análisis de la situación en Cataluña ha explicado que en los últimos días se ha podido constatar que los separatistas presionan también a los «comunes» porque cree que «es lo que tiene la equidistancia y la ambigüedad».

Ha sido entonces cuando ha pedido a la Generalidad y a los ayuntamientos catalanes no someter a los empleados públicos a ningún tipo de tensión ni a que tengan que tomar cualquier decisión que pueda suponerles intranquilidad.

«Las facilidades no son dificultades para los funcionarios», ha resaltado sin citar expresamente a Colau y tras las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona en las que ayer se mostró dispuesta a facilitar el referéndum que se pretende celebrar el 1 de octubre.

Ha precisado que lo único que tienen derecho los funcionarios es a desarrollar su trabajo dentro de la legalidad, que ha asegurado que lo hacen siempre de la mejor manera posible, y a cobrar su sueldo.

Tras alertar de que la Generalidad pretende endosar a los alcaldes y concejales la responsabilidad de organizar la consulta, ha lamentado que ahora, cuando el Tribunal de Cuentas está reclamando que paguen de su bolsillo lo que se gastaron el 9N, el Gobierno catalán eche la culpa a los interventores.

«Nosotros estamos para amparar al conjunto de empleados públicos en Cataluña y para evitar que la Generalidad los ponga como escudo a la hora de tomar decisiones ilegales», ha recalcado

La vicepresidenta ha lamentado que la Generalidad haya entrado en una dinámica que tiene «muy poca cabida» en democracia con quienes no comparten sus tesis separatistas.

«Los partidos no» separatistas «están sufriendo un acoso por parte de la CUP en sus sedes y un ninguneo por parte de los» separatistas «en el Parlamento de Cataluña», ha asegurado.

Ha insistido en que se ha perdido la neutralidad institucional por parte de la Generalidad y ha recordado que el Tribunal Constitucional ya sentenció el pasado 14 de febrero que cualquier acto de preparación de un referéndum era ilegal.

Por eso cree que tienen problemas, por ejemplo, para comprar las urnas.

De la misma forma, ha considerado que vulneran toda la legalidad internacional, constitucional y catalana.

«Los» separatistas «cada vez están más solos, cada vez tienen más miedo a asumir sus propias responsabilidades y lo que hay que pedirles es que, no siendo capaces de asumir la responsabilidad de un proceso ilegal, por lo menos -ha precisado- dejen de presionar para que otros la asuman por ellos».