Artur Mas ha firmado esta noche su inhabilitación por «prevaricación» desafiando al Tribunal Constitucional

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Redacción – Francesc  Homs Molist, portavoz del gobierno catalán hoy por hoy ilegal con la firma de este decreto, ha sido el encargado de defender la firma de su jefe de gobierno Artur Mas Gavarró. Artur Mas Gavarró ha firma el decreto de nombramiento de la comisión de control del referéndum de autodeterminación de Cataluña del 9-N esta noche en el Parlamento regional de Cataluña. Barcelona (España9, 2 de octubre de 2014. Fotografía: El presidente de la generalidad de Cataluña, Artur Mas Gavarró. Imagen archivo.

Un Claro desafío a la suspensión «firme» de todos los actos sobre el referéndum separatista, del pasado lunes 29 de septiembre 2014 del Tribunal Constitucional y avalado por el Consejo del Estado de la nación por unanimidad.

Nuevo paso de Artur Mas hacia la consulta. El presidente de la región española de Cataluña ha firmado el decreto de nombramiento de los siete miembros de la comisión de control, el organismo que debe supervisar la consulta. El nombramiento, hecho de acuerdo con el desarrollo de la Ley de Consultas, se publicará este viernes en el Diario Oficial de la Generalitat (DOG).

De esta manera se activa la comisión aprobada con polémica miércoles en el Parlamento, donde el PSC, PPC y C ‘s se abstuvieron de participar en la votación porque consideraron que se incurría en una ilegalidad tras la suspensión cautelar del 9 -N dictada por el Tribunal Constitucional.

El gesto puede contribuir a reforzar la unidad de las fuerzas pro consulta ante la cumbre de este viernes por la mañana en el Palau de la Generalitat. ERC, ICV-EUiA y la CUP han dejado claro que quieren que el presidente salga adelante los preparativos del 9-N y que no están dispuestas a hablar de escenarios alternativos, tales como unas elecciones plebiscitarias con una lista unitaria. Hay discrepancias, pero, se deben asumir riesgos los funcionarios por las actuaciones vinculadas a la consulta. Tanto CiU como los eco socialistas coinciden en que deben quedar al margen los trabajadores públicos.

Los siete miembros de la comisión son la catedrática de Derecho Constitucional Mercè Barceló, los catedráticos de Ciencia Política Joaquim Brugué y Jordi Matas, el catedrático de Derecho Civil Miquel Martín, el doctor en Derecho Alfonso González y los abogados Marc Marsal y Benet Salellas.

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