Redacción – El abogado y presidente de la asociación «Junta Democrática», Rubén Gisbert Fraile, ha anunciado una querella contra varios ministros y consejeros de los gobiernos de la Generalidad de Cataluña del vicepresidente con funciones de presidente de la Generalidad, Pere Aragonés; y de España del presidente Pedro Sánchez y vicepresidente Pablo Iglesias, contra los jefes de los Cuerpos de Policías: el el mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero; el director general del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco Pardo Piqueras; y contra Directo Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez; contra el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón; y contra la Delegada de Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera Mestres; por su «inacción» ante los altercados violentos en Barcelona perpetrados por los grupos del separatismo y de la extrema izquierda contra los profesionales de los Mozos de Escuadra y contra los del Cuerpo Nacional de Policía en las protestas por la detención y el encarcelamiento del rapero Pablo Rivadulla Duró, conocido como «Pablo Hasel» —detenido por la policía catalana el martes, 16 de febrero, en Lérida por desobedecer la orden judicial de su ingreso voluntario en prisión tras su condena por enaltecimiento del terrorismo de ETA, del Grapo y de Al Qaeda—. Barcelona (España), sábado 27 de febrero de 2021.
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La entidad considera «capital» su «querella» por los hechos acaecidos con el objetivo de «garantizar la paz, la seguridad y el imperio de la ley» en España ante la «inacción por parte de los grupos gubernamentales y de la Administración pública para paliarlos».
El abogado de esta organización civil española ve la responsabilidad directa del Gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias en la violencia por el rapero debido a que los saqueos y robos masivos perpetrados por esos grupos violentos se han producido durante el esta de alarma de 6 meses por lo tanto el Ejecutivo Sánchez e Iglesias con autoridad completa para actuar en tanto en la Comunidad autónoma de Cataluña como en el resto de las 16 regiones del Reino de España y las dos ciudades autónomas de Melilla y Ceuta.
Sobre Junta Democrática
Según recogen los estatutos de la entidad, La Junta Democrática es una organización civil que coordina y promueve la acción unitaria del pueblo español para que se instituya libre y pacíficamente en España un régimen democrático. En cuya constitución formal se determinen dos principios básicos: 1. Un sistema de elección directa de los representantes políticos; 2. La separación de poderes de origen entre el legislativo y el ejecutivo, así como la independencia del poder judicial.
Su fundación originaria fue el 29 de julio de 1974 como plataforma para coordinar la acción de todas las fuerzas políticas que perseguían la ruptura democrática con la dictadura franquista. Al no existir libertad de prensa e información, su acción se desarrolló en el seno de las organizaciones políticas del momento y su eficacia se vio condicionada por las ambiciones de sus líderes.
Manifiesto de asociación junta Democrática
«I. Todos los seres humanos son por naturaleza igualmente libres e independientes, y su convivencia en estado de sociedad debe regirse y gobernarse garantizando su libertad e independencia colectiva e individual.
II. La Nación Española no reconoce la autoridad ni legitimidad para gobernarla ni regir su vida en sociedad de ningún Estado cuya forma jurídica no haya sido elegido por aquella tras un periodo de libertad constituyente.
III. La nación española es un hecho histórico dado, y su realidad está determinada por su diversidad cultural, lingüística y regional, que debe ser protegida y preservada indiscriminadamente. Por ello y en atención al daño que la concentración y centralización del poder del Estado de las Autonomías ha generado económica y socialmente, se debe devolver a los municipios el poder que garantice su independencia económica y desarrollo cultural.
IV. El pueblo español es el único sujeto político legitimado para darse a sí mismo una forma de Estado y hacer sus propias leyes a través de representantes elegidos uninominalmente en distritos electorales de no más de 100.000 habitantes.
V. Toda votación cuyo fin no sea elegir uninominalmente a los miembros del legislativo con mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector y separadamente al ejecutivo, es fraudulenta al atentar contra la libertad política del pueblo español. Y se considera un mecanismo para que bajo la fuerza, coacción o miedo se acepte o legitime un sistema tiránico que hace sus leyes y las impone a la nación tiránicamente.
VI. La no participación voluntaria de la mayoría absoluta de la ciudadanía en unas votaciones cuyo fin no sea el determinado en el punto anterior, deja a todo Estado que las organice carente de autoridad ni legitimidad para formar gobierno ni hacer leyes, por lo que a partir de dicho instante será considerado como un poder impuesto mediante la fuerza a la nación española y enemigo de esta.
VII. Deslegitimado el Estado, se debe crear un gobierno provisional que mantenga la funcionalidad del Estado y acompañar a ello la apertura de un período de libertad constituyente de mínimo un año de duración. En este periodo el gobierno provisional debe garantizar la libertad de prensa e información para la difusión de todo pensamiento y propuesta política que se base en los principios democráticos de la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo y la representación política por elección uninominal.
VIII. A la finalización del período de libertad constituyente, todo español mayor de dieciocho años deberá ser convocado mediante referéndum para elegir la forma de Estado propuesta desde las diferentes organizaciones civiles que las propugnen.
IX. Una vez elegida la forma de Estado por la nación, deben realizarse unas elecciones al parlamento o cortes constituyentes, cuyo fin será el de redactar una constitución que establezca la garantía de los derechos fundamentales en una declaración de derechos de España y determine la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo.
Paralelamente a ello deberá suprimirse el Tribunal Constitucional y se creará un consejo de justicia con dotación presupuestaria independiente que garantice la independencia del poder judicial».
