Redacción – El líder del PP en la provincia de Barcelona, Óscar Ramírez, acusa a la alcaldesa de ultraizquierda, Ada Colau, de «haber convertido a la ciudad de Barcelona en el epicentro de las okupaciones ilegales en España». Por su parte, la diputada del PP por Barcelona en Congreso de los Diputados, Llanos de Luna, defiende «la seguridad de las comunidades de vecinos a las que el PP quiere que se les permita actuar para mantener la convivencia». También, el concejal del PP en Esplugues Marcos Sánchez denuncia que «la alcaldesa de Esplugues niega el problema de la okupación ilegal en el municipio, pero viene a hacerse la foto cuando se desaloja». Esplugues (Barcelona) España, sábado, 26 septiembre 2020.
El Presidente del PP en la provincia de Barcelona, Óscar Ramírez, acompañado por la diputada en el Congreso de los Diputados, Llanos de Luna y el concejal de Esplugues, Marcos Sánchez, ha manifestado durante la presentación del «Plan antiokupa y de seguridad ciudadana» en Esplugues que «el PP quiere que se prohíba a los Ayuntamientos empadronar a los Okupas y se puedan anular aquellos que se hayan inscrito siendo ilegales».
La campaña de recogida de firmas se ha realizado en el barrio de la Clota, lugar afectado por una okupación ilegal que durante años supuso problemas de convivencia para los vecinos del barrio y que el pasado jueves fue desalojado y tapiado, tras las insistentes denuncias del PPP.
Por su parte, Óscar Ramírez ha explicado que a través de un espacio habilitado en Change.org por parte del Partido Popular, «todos los ciudadanos que quieran pueden dar su apoyo a esta iniciativa contra la okupación ilegal, en defensa del derecho a la propiedad, la libertad y la seguridad ciudadana».
«Desde el PP defendemos el derecho a la propiedad, a la libertad y a la seguridad ciudadana frente a una izquierda que niega el fenómeno de la okupación ilegal e incluso habla de «fake news»».
En este sentido el presidente del PP de Barcelona ha acusado a Colau de «ser responsable de haber convertido Barcelona en el epicentro de la okupación en España» tal y como lo demuestran los últimos datos del sistema estadístico de criminalidad (órgano que depende del Ministerio del interior) con más 2.600 denuncias en el primer semestre del 2020, en la provincia de Barcelona.
Además, Ramírez ha añadido que «mientras Colau niega el problema de la okupación ilegal en Barcelona el máximo responsable de seguridad en el Ayuntamiento, el teniente de alcalde, Albert Batlle, constata que sólo durante los meses de julio y agosto han habido 356 denuncias por ocupación ilegal, lo que supone una media de 6 okupaciones diarias, lo que demuestra que no estamos hablando de relatos inventados por parte de la derecha sino de un problema grave que atenta al derecho constitucional de la propiedad».
Por su parte, la diputada del Partido Popular por la provincia de Barcelona, Llanos de Luna, ha expresado que «el Partido Popular quiere, con su proposición de ley para luchar contra la okupación ilegal, que se contemple de forma integral el fenómeno delictivo de la ocupación y se defienda y garantice también la seguridad de las comunidades de vecinos, a las que permite actuar para mantener la convivencia y las condiciones de salubridad que se ven afectadas por la presencia de los okupas».
Asimismo, la diputada ha explicado que «por primera vez la ley define que se considera okupación ilegal y se aumentan las penas para las mafias y organizaciones criminales que se están lucrando con este fenómeno», dijo.
«Además, se establece que nunca una vivienda okupada de manera ilegal podrá considerarse domicilio o morada para que los okupas ilegales no gocen de la misma protección que debe tener un propietario o inquilino que paga su renta. También se aumentan las penas hasta tres años y se establece que entre 12 y 48 horas máximo se desaloje la ocupación», agregó.
Por su parte, Marcos Sánchez, concejal del PP en el Esplugues, ha explicado que su grupo presentó en la misma línea una iniciativa en el pasado pleno municipal con actuaciones que podrían ponerse en marcha contra la okupación ilegal con las competencias que tiene el ayuntamiento, pero ha lamentado que fue rechazada por el grupo socialista que niega el problema pese a manifestar que desconoce cuántas viviendas hay okupadas ilegalmente en el municipio.
«El Partido Popular de Esplugues estamos en la calle escuchando a nuestros vecinos y somos conscientes del incordio que representa la okupación ilegal para los ciudadanos y no solo para los que viven junto al edificio sino para todo el barrio ya que se coartan los derechos de todo el entorno».
Finalmente ha añadido que el barrio de Can Clota, donde han presentado el plan y han llevado a cabo la recogida de firmas, ha estado más de tres años sufriendo los incumplimientos de la okupación ilegal y ha denunciado «el escándalo del partido socialista que pese a negar el problema que representa se atribuya ahora el mérito del desalojo y venga la alcaldesa sólo a hacerse la foto».
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