EFE – La Fiscalía ha exculpado al exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, que estaba acusado de participar en un entramado societario que evadió 429.203 euros en impuestos, al considerar que, pese a que aceptó una factura presuntamente ficticia, esta no acabó siendo utilizada para el fraude fiscal. Barcelona, 20 octubre 2015. <Fotografía: El exdiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, foto archivo Twitter>.
En su escrito de calificación, el ministerio público pide penas de dos años de cárcel para la decena de imputados en esta causa por fraude fiscal, centrada en el entramado de empresas vinculado al Grupo Corbelia, pero pide el archivo para Cañas y su expareja, que también está imputada. El exdiputado de Ciutadans, que dejó el Parlament a raíz del caso, fue imputado por un delito contra la Hacienda pública por una factura de 100.050 euros que la empresa de su excuñado giró en febrero de 2005 a la sociedad que el político administraba, por unos servicios que el juez consideró inexistentes.
La Fiscalía admite en su escrito que dicha factura, según los informes de la Agencia Tributaria que figuran en el caso, «podría no obedecer a un servicio realmente prestado». No obstante, el fiscal cree que a lo largo de la instrucción del caso «ha quedado claramente acreditado» que la factura supuestamente ficticia girada a la empresa de Jordi Cañas «no contribuyó en ningún caso a la finalidad perseguida por los acusados, que no era otra que defraudar a la Hacienda pública».
Para el ministerio público, la factura de la sociedad de Cañas «revirtió a favor» de los ingresos de la empresa defraudadora, pero como era falsa no alteró efectivamente sus cuentas, de manera que no contribuyó a disminuir su base imponible de cara a lograr un mayor beneficio fiscal. Respecto a la expareja de Jordi Cañas, la Fiscalía de Delitos Económicos no cree acreditado que utilizara su facultad como autorizada en las cuentas de una de las empresas del entramado para cooperar en el resultado delictivo y en la defraudación del impuesto de sociedades a Hacienda.
El juzgado de instrucción que investigó el caso concluyó que existían indicios para enviar a juicio a Jordi Cañas, así como a la otra decena de imputados, porque intervino en la trama diseñada por el Grupo Corbelia para eludir el pago de impuestos mediante facturas falsas a sociedades vinculadas. La Audiencia de Barcelona, que confirmó esa resolución recurrida por las defensas, reconoció en su auto que la factura girada a la sociedad de Cañas «no ayudaba a defraudar a Hacienda sino, por el contrario, incrementaba su base imponible».
Sin embargo, para la Audiencia, «el sistema defraudatorio era complejo, y su éxito exigía la existencia de papel cruzado entre las empresas del grupo, de forma que recíprocamente se giraban facturas dando la apariencia de legalidad (…)».
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