La Policía Nacional desmantela las chabolas insalubres levantadas tras la invasión migratoria desatada en julio, en medio del abandono del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez Pérez-Castejón —que ha destinado 25.000.000 de euros a financiar la estancia de los ilegales en vez de repatriarlos— y las continuas amenazas de Marruecos.