La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que requiera al gobierno separatista de Artur Mas Gavarró el coste de la web y del material usados en el golpe separatista catalán del pasado 9 de noviembre 2014 (9N), desde papeletas, ordenadores, seguros o centro de prensa, e identifique a los responsables de su gestión informática y su recuento.
En un escrito dirigido al juez del TSJC que investiga al presidente separatista catalán, Artur Mas Gavarró, por la organización del golpe separatista catalán del 9N, el ministerio público solicita una quincena de diligencias, la mayoría encaminadas a averiguar el coste de la consulta e identificar a los responsables de su gestión, especialmente los equipos informáticos usados en el recuento y los locales que albergaron las urnas.
Por ese motivo, el fiscal pide al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), dependiente del Departamento de Empresa y Empleo, los encargos que hizo para la gestión informática de la votación del golpe del 9N, y al Departamento de Enseñanza las comunicaciones enviadas a los directores de centros en relación con la cesión de los locales y el listado del material informático usado en los puntos de votación.
Asimismo, el ministerio público pide al juez que requiera al Tribunal Constitucional el «testimonio íntegro» del proceso de impugnación de la consulta -que el mismo tribunal suspendió cautelarmente-, incluidas las notificaciones efectuadas a las partes, al entender que «resulta preciso para la adecuada valoración de los hechos» que investiga el TSJC.
Concretamente, el fiscal solicita el «expediente administrativo íntegro de la contratación y pago» de los servicios para la creación, registro y mantenimiento de la página web www.participa2014.cat, de la que, advierte el escrito, consta como pagador el Departamento de Gobernación. También pide la copia íntegra del soporte informático de los archivos, contenidos y enlaces de esa web, la identificación del responsable de su administración y mantenimiento, «y de los sucesivos envíos de la información que se fue alojando en el servidor».
Sobre la confección de papeletas separatistas, sobres separatistas y urnas separatista para la votación del golpe, el fiscal reclama al gobierno separatista catalán el expediente íntegro relativo al encargo efectuado al Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) para la confección de las papeletas, sobres y urnas usadas en la votación -elaboradas por presos de la cárcel de Lleida- y el de su transporte y distribución a los puntos de votación.
Otros documentos que la Fiscalía exige son los expedientes sobre las pólizas de seguro de responsabilidad civil y/o accidentes relacionadas con la consulta del golpe del 9N y el listado del material informático que se utilizó para las votaciones. También requiere el expediente para la contratación o pago de «los locales que se habilitaron como centro de prensa en el recinto ferial de Montjuic», así como de aquellos servicios relacionados con el seguimiento y la proclamación de los resultados de la votación, efectuada -recuerda la Fiscalía- por la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.
Al CTTI, el ministerio público le pide que aporte «toda la instrucción, orden interna, circular, protocolo técnico o documento de cualquier tipo» referido a la gestión informática del 9N e identifique al responsable técnico «que materialmente asumiera la coordinación o dirección de dichos trabajos». Entre las diligencias dirigidas al Departamento de Enseñanza de la separatista Irene Rigau, la Fiscalía reclama las comunicaciones que envió a las delegaciones territoriales y a directores de centros en relación a la cesión de locales del golpe del 9N, «así como las respuestas que se hubieran podido recibir y el coste de la adquisición del material informático utilizado en los mismo».
Otro de los documentos que la Fiscalía solicita al juez del TSJC que reclame al gobiernos separatista es la certificación firmada por funcionario «debidamente identificado» donde indique el importe de la partida de 5 millones de euros destinada a «procesos electorales y consultas populares» que figura en los presupuestos de la comunidad autónoma española de Cataluña de 2014.
<Redacción – lasvocesdelpueblo y agencias>
[…] la última decisión de la fiscalía general del […]