Sevilla (Andalucía) Reino de España, miércoles 9 de abril de 2025 (Lasvocesdelpueblo). Los representantes de varios ayuntamientos, asociaciones de agricultores, pescadores, mariscadores y acuicultores, así como consumidores de toda el área ribereña del Guadalquivir -desde Sevilla a la desembocadura- se han dado cita este miércoles en la puerta del Palacio de San Telmo -sede del Gobierno de la Junta de Andalucía-, para leer una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ante los próximos vertidos de nuevos proyectos mineros en las aguas del Estuario y el peligro que supone para la salud humana y la supervivencia de las actividades económicas que tradicionalmente dependen de él.
Concretamente, han asistido los alcaldes de los siguientes municipios ribereños del estuario del Guadalquivir: Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Rota, Trebujena, Lebrija, Coria del río, Puebla del Río, Isla Mayor y Camas; los presidentes y secretarios de las entidades representativas de los sectores económicos y de consumidores siguientes: Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, Asociaciones de mariscadores de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Rota, Asociación de pescadores de rivera de Coria del Río, COAG Andalucía, FACUA Andalucía, Marea Blanca, ACITUR Asociación de Empresarios de Chipiona y Salarte.
Según exponen, los riesgos que se corren aceptando los vertidos mineros nos llevan a calificar a estos vertidos mineros como vertidos antieconómicos, vertidos contrarios a la economía de la zona, porque ponen en riesgo los medios de vida y los empleos de miles de familias en las riberas y la desembocadura.
Las cofradías de pescadores estiman un empleo directo en el golfo de Cádiz de 3.500 personas e indirectos de 32.000 personas. Existen y se pone en riesgo un tejido empresarial de unas 10.000 empresas que facturan alredededor de 120 millones de euros.
Hay que tener en cuenta que la desembocadura del Guadalquivir es un enclave muy importante con presencia de peces, moluscos y mariscos que ya se están viendo afectados por los vertidos mineros. Es una zona muy influyente y determinante en el mantenimiento de la actividad pesquera en Huelva y Cádiz.
La federación de arroceros de Sevilla estima la existencia en la zona de 5.000 empleos directos y más de 320.000 peonadas en campaña. Y de este cultivo dependen los empleos de la industria y la logística de la producción arrocera.
Además de la actividad turística y la restauración, de tanta importancia en el área, que también puede verse afectada por los vertidos.
Estimaciones para la agricultura de COAG señalan la presencia de la industria del tomate, transformado en la otra orilla del río, y la presencia también de 5.000 has y 2.000 has de hortícolas de consumo en fresco. En total estamos calculando, entre empleos directos e indirectos, en torno a 18.000-20.000 empleos que se pueden ver afectados por los vertidos.
No se trata entonces de contraponer ecología y economía sino de tener en cuenta que para que una economía pueda funcionar hay que mantener la base material que la sostiene. Si dañamos o si destruimos esas condiciones materiales se destruirán también los medios de vida que ahora tienen muchos miles de habitantes de la zona.
En base a estos riesgos para las actividades económicas y el tejido empresarial y laboral que se verá afectado, representantes del sector agrícola, pesquero y de consumo, junto a ayuntamientos de una decena de municipios ribereños del Guadalquivir, se han unido hoy a las puertas del Palacio de San Telmo para reclamar al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, una moratoria de los vertidos mineros en el Estuario del Guadalquivir hasta que se conozcan los posibles impactos sobre la salud humana y sobre actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, el marisqueo, la acuicultura y el turismo de la que dependen la mayoría de familia que habitan entre Sevilla y la desembocadura.
Con este objetivo común se han congregado para entregar una carta dirigida a Moreno Bonilla representantes de los Ayuntamientos de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Rota, Trebujena, Lebrija, Isla Mayor, Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios, Camas; la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG Andalucía), la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (Fecopesca), la Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona «Jarife», el Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera (SALARTES), la Asociación de Comerciantes e Industriales de Chipiona (ACITUR), la Asociación de Riacheros de Coria del Río, Marea Blanca y la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA).
La carta refiere que “quedarían afectados el cultivo de arroz y otras actividades agropecuarias, la acuicultura que se está relanzando en este momento en un contexto de recuperación de áreas de marisma, y las actividades de pesca en la zona alta del estuario, así como de pesca y marisqueo en la desembocadura y en toda el área de influencia de la Reserva de Pesca de la Desembocadura del Guadalquivir. Todas estas actividades proveen de alimentos a la población, a la creciente demanda turística en toda la zona y a circuitos de exportación, así como de servicios ecosistémicos al estuario, conformando redes de actividad económica, laboralmente de gran importancia, que quedarían en entredicho”.
En ella, exigen la creación de un comité de expertos científicos independientes que evalúe en detalle y mediante nuevas investigaciones, los posibles impactos medioambientales que los vertidos mineros en proyecto procedentes de las minas de Cobre Las Cruces y Aznalcóllar traerían consigo.
Este comité, apuntan, debería contar con financiación suficiente para desarrollar estas investigaciones y con la participación de los científicos de la Universidades de Sevilla, Granada y Cádiz que han elaborado un informe y dos artículos científicos publicados en una revista internacional de impacto, y que indica que el vertido de la mina de Cobre Las Cruces ha contaminado los sedimentos del Estuario del Guadalquivir con efectos ecotóxicos para fauna acuática.
Según el estudio, las concentraciones de metales en los sedimentos del fondo del río próximos al punto de vertido de la Mina de Cobre Las Cruces, concretamente desde La Algaba al estadio de La Cartuja de Sevilla, y hasta 2.500 metros aguas abajo, son elevadas y están relacionadas directamente y por sus características con la actividad de la mina. Las muestras que sustentan este estudio han sido tomadas en el tramo del río correspondiente al municipio de La Algaba donde desagua la tubería procedente de la mina Cobre Las Cruces.
Es en el tramo del río correspondiente al municipio de La Algaba donde desagua la tubería procedente de la mina Cobre Las Cruces.
En la carta se hace referencia también a recientes informes científicos que han medido niveles elevados de varios metales -manganeso, plomo, selenio y zinc- en albures en la misma zona del estuario interior. Estos informes, según afirman sus autores,
catedráticos de varias universidades andaluzas, se han realizado con información proporcionada por la propia empresa minera Cobre las Cruces a la Consejería de Medio Ambiente.
A este respecto, han lamentado que sea la Mina de Cobre las Cruces y no la Junta de Andalucía la que gestione los muestreos y el análisis de metales en los peces, algo que «en toda lógica» debería hacer la Administración andaluza, para evitar posibles conflictos de intereses.
Alerta Alimentaria
De hecho, el informe sobre contaminación de los albures asegura que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente debería haber informado a la Consejería de Salud y Consumo sobre la existencia de valores excesivamente altos de plomo para el consumo de estos peces. Y a su vez, la Consejería de Salud y Consumo debería haber abierto un expediente para valorar si publicar una alerta alimentaria.
Añade, además que los niveles de plomo legalmente establecidos por la Unión Europea para carne de pescado se superaron en el 31% de las muestras de albures analizadas desde 2019 y la Junta de Andalucía tiene conocimiento de estos datos desde 2020. Además, se trata de una especie tradicionalmente consumida en la zona.
Cabe destacar que tanto en los estudios de impacto ambiental como en los estudios de vigilancia ambiental del vertido minero continuamente se pone el foco en el agua, cuando gran parte de los metales se acumulan en los sedimentos y de ahí pasan a los seres vivos.
Las instituciones y entidades concentradas han hecho hincapié en la trascendencia de las decisiones políticas que se tomen respecto a la autorización de los vertidos, ya que ponen en peligro actividades históricas, que han generado sistemas culturales y paisajes que se verían gravemente afectados.
Instituciones y entidades firmantes
Ayuntamiento de Chipiona
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
Ayuntamiento de Rota
Ayuntamiento de Trebujena
Ayuntamiento de Lebrija
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca
Ayuntamiento de Isla Mayor
Ayuntamiento de Puebla del Río
Ayuntamiento de Coria del Río
Ayuntamiento de Camas
Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz
COAG Andalucía
Jarife, Asociación de Mariscadores de Chipiona
FACUA Andalucía
Marea Blanca Sevilla
Salartes, Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera
ACITUR, Asociación de comerciantes e industriales de Chipiona
