Redacción.- Barcelona (España), martes 22 de noviembre de 2022. Crece la deuda de España, aumenta el PIB, se realizaron las cumbres del G-20 y del clima, el conflicto de la sanidad pública en Madrid, la tragedia de la valla de Melilla, el impuesto a los ricos, la continuidad de Twitter o no, el escándalo de la ley del “sí es sí” de Irene Montero, el Black Friday y para olvidar todo tenemos el campeonato de fútbol de Qatar 2022.
Mientras nos tienen entretenidos en los temas anteriores, el próximo día 24 de este mes, se leerá, votará y aprobará la Proposición de Ley Orgánica presentada en el Congreso para rebajar las penas del delito de sedición, por el PSOE y Podemos, por la vía de urgencia, sin pasar por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. Seremos testigos de la derogación del delito de sedición y su sustitución por el delito de desórdenes públicos agravados.
Para el Gobierno catalán, no será suficiente para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023 y los Presupuestos catalanes, solicitarán rebajar las penas a la malversación de caudales públicos que utilizaron para realizar su propaganda nacional e internacional de su causa independentista. Esta rebaja beneficiará a los líderes independentistas, sus altos cargos y a otros miembros de los diferentes partidos por diversas causas. El mismo día se votará la aprobación de los PGE y otros. Resaltar que no todos los barones del PSOE están de acuerdo con lo que está sucediendo, pero tienen disciplina de partido y dicen que deben obedecer a la hora de votar.
En la actualidad, el Gobierno independentista de ERC continua desarrollando su divulgación internacional, tiene 20 embajadas abiertas y presencia con 63 delegaciones en diferentes partes del mundo. Tanto el presidente catalán, Pere Aragonès, y Oriol Junqueras continúan su internacionalización, uno visitando a representantes de países europeos y americano, y el otro realizando una gira internacional por Colombia, Chile y Argentina, denunciando que en España sufren la «represión del Estado» y no se respetan los «derechos humanos».
Hay otros derechos que demandan la otra parte de catalanes, a quienes no se les tiene en cuenta ni se les escucha. Se reclama tener derecho a poder elegir la lengua materna en que queremos que sean educados nuestros hijos, ya sea en catalán o en español y no se imponga el monolingüismo catalán, afirmando que es un “modelo de éxito”, cuando es de todos sabido que no es verdad, sino que es usado como herramienta política de dominación.
Se ha impuesto en todos los ámbitos posibles: administración pública, empresarial, sanitario y educativo desde los primeros años de educación hasta últimamente en el ámbito universitario, a pesar de su imposición, los resultados son adversos porque si se impone a la fuerza, lo que se consigue es el efecto contrario.
Saben que a finales del próximo año de 2023, vendrá una comisión de eurodiputados de la UE para comprobar en situ cuál es la realidad del uso de la lengua española en los centros educativos catalanes y han empezado a moverse en el Parlamento catalán para impedir que vengan a comprobar las denuncias presentadas por la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, la plataforma Escuela de Todos, dirigida por Ana Losada y otros eurodiputados españoles. Tienen miedo de que se compruebe la verdad.
Por su parte, el Gobierno central, cumple con lo acordado en la mesa de diálogo, tanto en la desjudicialización del procés y respecto a la protección de la lengua catalana concediendo 7,5 millones de fondos de la UE para las traducciones en las diferentes lenguas minoritarias.
Tampoco dialoga con los partidos constitucionalistas del PP, Ciudadanos o Vox, para ver de arreglar la situación. Reclaman derechos, pero no cumple con sus obligaciones, de un Gobierno que escucha a todos los ciudadanos y no solo a los suyos, que son la minoría.
A pesar que el presidente Pedro Sánchez, les ha concedido el indulto, la derogación del delito de sedición y sustitución por la modificación del delito de desórdenes públicos agravados y una posible rebaja de penas por malversación de caudales públicos, quieren más, su sueño es poder realizar un referéndum para preguntar a la población que vive en Cataluña “si quieren o no ser independientes”.
De momento van consiguiendo sus objetivos, paso a paso, mientras al resto de la población española nos ponen a los pies de los caballos, cambiando el Código Penal a medida de los que dieron un golpe de Estado, incumpliendo la Constitución española, reduciendo la calidad de la justicia y mancillando la labor y el buen nombre de los que administran la justicia en España.
La pregunta es qué hacer ante este ataque previsible al Estado de Derecho y la abogada del Estado, Elisa de la Nuez, nos sugiere algunas medidas: a) Tener un debate referido a qué mecanismos o herramientas son necesarios en el siglo XXI para que el Estado democrático de derecho se defienda de las amenazas populistas (izquierda o derecha) y no liberales que provienen de su interior; b) Asegurarse que no se utilice el dinero público para fines distintos de los establecidos en las leyes; c) Abrir un debate a nivel europeo sobre la mejor manera de proteger el bien jurídico consistente en la propia subsistencia del Estado democrático de derecho en los Estados miembros, lo que incluye su integridad territorial; y d) No dejar vacíos legales y pensar en aplicar alguna sanción similar a la rebelión, por ejemplo: alta traición o traición de otros Códigos Penales.
Por otro lado, A pesar que el Gobierno catalán de ERC está consiguiendo estos triunfos para el mundo independentista, el resto de partidos de: JxCat, la CUP y las entidades afines de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, no están de acuerdo con lo aprobado entre los gobiernos central y autonómico, aduciendo que es una medida que solo beneficia a unos pocos y que el delito de «desórdenes públicos agravados», penaliza los actos ocurridos el 1-O de 2017 y que «es una herramienta para agudizar la represión contra el independentismo hecha a medida de los jueces españoles que atenta contra el derecho de manifestación». Se une a ellos los Comunes, que afirman: «ese tipo delictivo permite perseguir con más mecanismos legales acciones contra los desahucios o las ocupaciones de instalaciones y edificios públicos». Se están organizando para manifestarse en contra de la reforma el día 6 de diciembre.
Además, entienden que se está coartando la libertad de expresión y manifestación, y que les perjudica para continuar manifestándose a favor de su causa. Los de JxCat, piensan que con estos cambios lo que se busca es traer y encarcelar a los líderes fugados, con el paso del tiempo sabremos cuál es la verdad. Aunque manifiestan su rechazo a la derogación del delito de sedición, Carles Puigdemont y los otros fugados, los días 24 y 25 de este mes, presentarán ante los juzgados europeos la derogación del delito de sedición, ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) pensando que es beneficioso para recuperar la inmunidad parlamentaria plena, pero posiblemente prime la carta remitida por la Junta Electoral Central, conforme no juraron la Constitución española para acceder al cargo de eurodiputados.
En conclusión, se puede decir que se ha impuesto el criterio político a la Ley, materializado en el poder político sobre el poder judicial.
Se está realizando la reforma del delito de sedición deprisa, donde se negocia su derogación con los que han cometido un gran agravio contra el Estado, como si de un juego se tratará, algo a cambio de algo, con el único fin de mantenerse en el poder, condicionados a unas encuestas a la carta del CIS de Tezanos, que les informa si suben o bajan.
Con el fútbol de por medio que entretiene a muchos, con una Navidad a la vuelta de la esquina, contando la quincena de enero inhábil, piensan que en ese tiempo, la población olvidará los cambios producidos y no afectará a las citas electorales del próximo 2023.
Lo grave es que se desprestigia la validez del Código Penal; no se respeta la Constitución Española y el Estado de Derecho; no existe igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos españoles; no existe separación de poderes, donde el poder ejecutivo se quiere imponer al poder legislativo; no se respeta a las autoridades judiciales y ni a la ciudadanía, con lo cual está supuestamente en juego la democracia en España.
«Parece que la ley queda reducida a un producto normativo oportunista que se hace de la noche la mañana, y cuando se omiten trámites que están pensados para la garantía de acierto, oportunidad y bondad jurídica, se actúa con absoluto desprecio para imponer una voluntad política sobre la razón jurídica que debe llevar a una reforma del Código Penal», (José Luis Requero Ibáñez, noviembre de 2022).
Manoly A. Roldán